Esta semana, el Gobierno de México presentó su informe sobre la situación de la seguridad en el País, en el que destaca la reducción de los homicidios desde el inicio de la actual administración.
En general, reportan una baja de 44 por ciento al mes de febrero, comparado con los indicadores que se tenían en septiembre de 2024. Y una reducción similar reportan para Sinaloa, comparado con su pico más alto, registrado en junio de 2025.
Y en un entorno como el sinaloense que ha estado sumido en una crisis de violencia desde hace 18 meses, los datos pueden llegar a ser alentadores si la tendencia a la baja se sostiene para los siguientes meses.
Y qué bueno que de una forma u otra, la estrategia de seguridad que se ha apoyado en más presencia de fuerzas federales y de corporaciones se refleja de alguna manera en esos resultados.
Sin embargo, en regiones como Sinaloa prevalecen otro tipo de delitos, que siguen afectando a las comunidades, que contribuyen a que haya una percepción casi generalizada de inseguridad.
El robo de vehículos aún se sigue siendo un problema en la entidad, se sigue presentando y sigue afectando a familias y a su patrimonio.
Y también siguen registrándose casos de personas privadas de la libertad en diferentes regiones del Estado, lo cual acrecenta el temor entre la población y la afirmación de que la crisis de violencia en la entidad permanece.
Tal vez, el hecho de registrar cifras que muestran que hay una reducción en delitos de alto impacto, es un paso que debe importar para lograr restablecer la seguridad en regiones como la de Sinaloa.
Lo que sigue, para las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, es diseñar estrategias suficientes y acciones eficaces para que los otros delitos que siguen impactando a la población se reduzcan y sobre todo, que quienes han continuado cometiéndolos, sean castigados.
La reducción de homicidios sin duda es un paso importante, pero las acciones lo serán más cuando se logre restaurar la confianza y la tranquilidad de miles de familias.
