El fenómeno de las desapariciones que se registran en Sinaloa debería tratarse bajo el contexto de la ola de violencia que se presenta en la entidad y sobre todo, desde antes, por la operación del crimen organizado.
Pero los protocolos para actuar no han cambiado y la normatividad establece que las familias deben esperar a que transcurra el tiempo que establece la Ley para recibir la denuncia por una desaparición.
En Escuinapa se reportó que un hombre joven, que recién se había convertido en padre, que trabajaba en el campo, no regresó a su casa. Y resultó algo extraño porque nunca se ausenta. Llamaron una y otra vez a su teléfono y la llamada era enviada a buzón. Y el miedo y la desesperación se apoderó de todos sus allegados.
Como la lógica y los procedimientos lo señalan, acudieron a las autoridades a interponer la denuncia y a presentar los argumentos del perfil de la víctima. Pero no recibieron el reporte, porque habría que esperar las 72 horas que marca la Ley para poder intervenir.
En una crisis como la que vive Sinaloa, mantener protocolos de ese tipo, lejos de generar certeza, lo único que ha provocado ha sido la desconfianza hacia las autoridades, las encargadas de esclarecer un delito que se ha esparcido a lo largo y ancho de la entidad.
En casi seis meses, según la base de datos que ha construido Noroeste desde que inició la ola de violencia, en la entidad se han recibido mil 052 denuncias de personas privadas de la libertad.
Pero hay colectivos que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos que han advertido que las cifras de víctimas de privación de la libertad son aún más, por las denuncias que no llegan a las autoridades.
Una crisis como la ola de violencia como la que ha padecido Sinaloa ha requerido de una atención especial, porque lo amerita.
La de las desapariciones, es otra crisis que se ha extendido en los últimos años en Sinaloa y aún no ha sido dimensionada, porque los protocolos fueron diseñados cuando privar de la libertad a una persona y no regresarla no significaba ningún problema. Es momento de que autoridades y legisladores revisen cómo se ha estado actuando para frenar este tipo de violencias.
