El margen de maniobra de un Presidente en México suele ser muy reducido. Entre los sindicatos, la influencia de Estados Unidos, el empresariado, su mismo partido y los intereses creados en el camino rumbo al poder, el Ejecutivo suele llegar a una silla donde apenas se puede sentar.
Los priístas crearon un “tlatoani” sexenal revestido con todos los poderes, después del “sacrificio” de su antecesor, pero aún así, el poder de los presidentes tricolores estaba condicionado por la misma dinámica de la sucesión, dejándole apenas un par de años de verdadera libertad.
Los panistas tuvieron poco tiempo para crear una institución significativa en el poder, más bien se dedicaron a destruir el entramado construido por sus antecesores durante 70 años, y cuando apenas se sentaban en el poder los borró del mapa el regreso del PRI y después los remató el “tsunami” morenista.
El caso de la Presidenta Claudia Sheinbaum es todavía más restringido que sus antecesores. Su llegada al poder se da como una continuación de una narrativa utópica creada por su antecesor, muy eficiente para ganar votos, pero un desastre para resolver los problemas de un país con enormes deficiencias.
Inevitablemente, la Presidenta deberá desmarcarse de muchos de los ejes de Gobierno que encontró, y uno de ellos podemos verlo claramente en su próxima reforma judicial, donde resalta una iniciativa para reformar la Ley de Procedimientos e Instituciones Electorales para la verificación de la integridad de los candidatos.
La iniciativa, anunciada de última hora, como las cosas que se quieren sacar adelante evitándole el desgaste de la exposición, es un disparo directo a la política de “abrazos y no balazos”, y trata de atajar la influencia del crimen organizado en los procesos electorales en el País.
Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, y habrá que ver si el sistema ya podrido por dentro permite cerrar una puerta que se abrió desde hace mucho tiempo y que nadie puede asegurar con certeza que podrá ser cerrada de nuevo.
