En una crisis como la de la violencia que se vive en Sinaloa, lo que más se reclama a las autoridades es que haya resultados en sus estrategias y también que haya claridad y transparencia.
De nada sirve que las autoridades emprendan acciones si no se va a informar de sus resultados.
E importa que haya esa disposición de las autoridades porque genera en la población certezas de que están actuando y obteniendo resultados, pero también, porque gana la narrativa sobre rumores e información no comprobada que ocupa los espacios de la opinión pública.
Es entendible, desde luego que hay acciones que necesitan de una secrecía total, sobre todo, cuando las acciones de seguridad se están ejecutando y cualquier información podría estropear los resultados.
Pero ha ocurrido en otras ocasiones que tras los operativos y el nerviosismo generado, las autoridades optan por guardar silencio y dejan que rumores y versiones crezcan y con ello, también el miedo entre la gente.
En cambio, cuando actúan proporcionando información de manera oportuna, aún con las reservas que ameritan sus acciones, por lo menos permite que la población sepa que las autoridades a la que le han reclamado acciones y resultados, están actuando.
Si en esos operativos que implementan se llegan a cometer algún tipo de abusos o irregularidades, seguramente las personas afectadas lo expondrán y denunciarán y el resto de la población se dará cuenta.
Pero lo importante es que las autoridades tengan la apertura para entender las condiciones en que han vivido comunidades de Sinaloa en los últimos meses, expuestos a hechos de violencia y a la poca presencia de las corporaciones para contenerla y combatirla.
Las acciones de seguridad requieren de un apego a la legalidad, pero también necesitan de una legitimidad que sólo la sociedad se los puede otorgar, la cual podrán obtener en la medida en que decidan estarse comunicando.
