La pandemia del Covid-19 no solo modificó hábitos y conducta de la población alrededor del mundo, sino, además, fue el punto de partida de una crisis económica que se ha profundizado a raíz de la guerra en Ucrania.
El mundo se encuentra en un momento de interdependencia en que lo que ocurre en una nación, termina afectando a toda la cadena de relaciones en otros países y ahora se viven las consecuencias.
El Covid-19 ocasionó una caída en los ingresos de las empresas y las familias, que no estaban preparadas para una situación como la que se vivió y su recuperación no ha sido como se hubiera deseado.
Hubo caída en la productividad que afectó a las industrias y a otros sectores, ocasionando que la actividad económica global se ralentizara y de la que no se ha podido salir debido al conflicto bélico que Rusia inició en Ucrania.
Los insumos se han encarecido y ha llevado a un incremento en los precios de la canasta básica a nivel global y a una caída en el crecimiento económico, que no se ve para cuándo vaya a terminar.
Ya el Fondo Monetario Internacional advierte de una recesión global por las condiciones económicas actuales y solo con las decisiones de los gobiernos locales podrá hacerse frente.
En México, es una condición que deberán valorar los legisladores en la definición del Presupuesto de Egresos para 2023.
Porque es cierto que en los últimos años, la Cámara de Diputados ha puesto por encima de cualquier situación los proyectos prioritarios que ha definido el Gobierno de México y otras actividades han sufrido las consecuencias.
Se requiere inversión pública que aliente la economía en general y solo es posible si el Gobierno define una política pública que involucre a todos. Si los legisladores federales toman consciencia de ello, en sus manos estará tener un presupuesto que estimule la actividad económica.
De lo contrario, México no estará preparado para afrontar la crisis que viene y a nadie, ni al Gobierno ni a la población, le conviene.
