Una administración pública, sin duda, se mide por la calidad de los servicios que es capaz de ofrecer. Si uno falla, el resto también y eso quedará marcado sobre quienes están al frente de la gestión.
Hay varios municipios en Sinaloa que no han sido capaces de administrar bien las juntas operadoras de agua potable y las fallas en el servicio son recurrentes.
Dejar sin agua potable a la población es una falla recurrente en los municipios que generan menos ingresos y eso se convierte en un círculo vicioso: las juntas no son capaces de cobrar lo necesario por el servicio que ofrece y el suministro de agua termina fallando y esa falla se convierte en una razón para que el usuario no pague lo que debería.
El caso más reciente y crítico es el de Escuinapa, donde ha transcurrido una semana en el que la población no cuenta con el suministro de agua potable.
La administración actual ha tenido que sortear con adeudos heredados en el pago de algunas prestaciones a los trabajadores, pero sobre todo, en el consumo del servicio de energía eléctrica con el que se ponen en marcha los acueductos.
La deuda a la CFE se ha ido reduciendo pero no se ha eliminado por completo y la empresa estatal ha decidido cortar el servicio y evitar que se vuelvan a reconectar.
Y en esas fallas administrativas, quien termina pagando es la población, que ha tenido que pagar más de lo que cuesta tener un suministro de agua directo en casa al pagar porque particulares le lleven el agua a sus hogares.
En este tipo de crisis, la responsabilidad directa es de las autoridades locales, sin duda, pero los otros niveles de Gobierno no pueden mantenerse ajenos, porque ese silencio y ese abandono también implica una responsabilidad.
Ojalá que lo de Escuinapa y sus usuarios se resuelva pronto y ojalá que las autoridades de Sinaloa, con legisladores incluidos, asuman su responsabilidad y sean capaces de prevenir crisis como la que ahí se vive.
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