La crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa, sobre todo en el centro del estado, llegó a castigarnos una vez más mientras nuestras policías siguen con déficit de elementos, capacitación a medias y falta de equipamiento.
Pero quizás lo más preocupante es que es obvio que el involucramiento del crimen organizado dentro de nuestras corporaciones.
No hay que ser Sherlock Holmes ni muy perspicaz para deducirlo, tomando en cuanto la naturaleza, el tamaño y el poder del crimen organizado y los años de hechos que han evidenciado una y otra vez que relaciones hay, entre un lado y otro.
La urgencia del colectivo Guerreros Azueles de Sinaloa de pedir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa que emita medidas de protección a elementos de policías municipales de Culiacán, tanto durante su jornada laboral como al finalizar su turno, no debería ni siquiera ser una petición triangulada, sino una garantía constitucional.
Es cierto que no gozan de las mejores credenciales, que su credibilidad a veces se reblandece y que en estos momentos las fuerzas federales han decidido mantener sus operaciones en Sinaloa sin estar acompañados de elementos de la Policía Municipal y últimamente hay un evidente distanciamiento con la Policía Estatal Preventiva.
Sabemos perfectamente que así como hay policías malos hay otros que son capaces de cumplir con su obligación de proteger y de servir, y sobre todo proteger a sus familias y compañeros.
La crisis, que vino por fin a derrumbar ese discurso de “coordinación entre fuerzas de los tres niveles”, también ofrece la oportunidad de limpiar las corporaciones de malos elementos, de los corruptos, asesinos y abusadores, y fortalecerlas para poder llegar a ese objetivo de poderse cuidar y proteger entre ellos.
Hay que entender como sociedad que seguramente no será nada fácil, pero sí lo más correcto, porque también así podemos cuidar a nuestros policías.
