La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que había enviado la semana pasada la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La propuesta, que fue aprobada en comisiones sólo por la fracción parlamentaria de Morena, no tuvo el respaldo en el pleno cuando se presentaría para su discusión en lo general.
En contra se posicionaron todos los partidos políticos, a excepción de Morena: el PT y el PVEM, que habían fungido como sus aliados, además del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El problema de origen de la iniciativa presidencial es que se construyó, según han explicado, sobre las propuestas presentadas en los foros de consulta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y dejó de lado lo que el resto de las fuerzas políticas consideraban necesario ajustar.
De haberlo hecho, seguramente se habrían logrado algunos consenso en temas que se requieren ajustar, pero no se dio la posibilidad.
Pero como se ha mencionado en otras ocasiones y como ha ocurrido en otras épocas, aunque el término democrático se enarbole una y otra vez, lo exhibido hace una semana con el discurso presidencial y con lo expresado este miércoles con los posicionamientos de los coordinadores, es que estos cambios que hablan en nombre de la democracia, uno, y en defensa de la democracia otros, no hacen más que defender los intereses partidistas.
El ciudadano, el que le da soporte a los eventos democráticos de México, no están incluidos en ninguna parte y su participación solo está permitida a través de las organizaciones partidistas.
A nivel cupular, seguramente habrá quienes celebran que la iniciativa no haya pasado, mientras que otros lamentan no haber tenido el apoyo suficiente.
Para el ciudadano que recibe las propuestas, las recibe y toma decisiones, las discusiones legislativas en realidad tienen poco efecto, salvo el que si no hay ajustes, seguirá financiando elecciones caras. Y eso, los partidos, todos, tampoco quieren ajustar.
