No importa quién esté en el Gobierno, la responsabilidad ha sido del Estado y es éste, independientemente de quién lo conduzca, el que tiene que dar las respuestas necesarias.
Se trata de los desplazados, esas familias de la sierra de Sinaloa, del norte, del centro o del sur, que debieron dejar sus viviendas, sus propiedades, sus vidas, y empezar de nuevo debido a la violencia que acechaba a sus comunidades.
Y fueron empujados por la violencia porque el Estado permitió que grupos delictivos fueran los que impusieran sus condiciones en esos territorios donde el Gobierno no quiso actuar.
Y es hoy que esos desplazados reclaman y esperan, como en el caso de Sinaloa, que le dé respuestas a sus condiciones de despojados de su patrimonio y de identidad en un espacio que no ha sido el suyo.
Hasta ahora, las familias han intentado sobrevivir en un espacio que no fue el suyo y que para muchos, todavía no lo es.
El compromiso del Estado y de las autoridades, como en el caso de Sinaloa, es dar una respuesta y una atención a una demanda básica, la de la certeza jurídica de una vivienda y de opciones para su desarrollo, que la violencia truncó hace años y que aún no han encontrado mecanismos para retomarlo.
