Son las víctimas colaterales de la crisis de inseguridad las que han tenido que tomar la iniciativa y ponerse a buscar a los suyos, porque el Gobierno, a pesar de la crisis, debe sortear los trámites burocráticos para poder operar.
Han sido las familias quienes cargadas de una voluntad inquebrantable han sido las que más se ensucian las botas y sus ropas y padecen las inclemencias del tiempo solo por la necesidad de saber dónde están los suyos.
Las familias han estado dispuestas a sacrificar lo que tienen, y hasta lo que no, con tal de garantizar una búsqueda que les permita encontrar algún indicio sobre el paradero de las miles de víctimas de desaparición forzada que aún no se han podido localizar. En el Gobierno, siempre falta alguna firma que les permita finalmente encender el vehículo.
Pero porque así haya operado hasta ahora las estructuras asignadas para la búsqueda de personas desaparecidas, y las distintas dependencias que se involucran en los operativos, de los diferentes niveles de Gobierno, no significa que siempre tiene que ser así.
Los colectivos de búsqueda, integrados en su mayoría por mujeres, necesitan un trato digno porque digno ha sido el resultado obtenido al lograr más resultados positivos que los que ha hecho el Gobierno hasta ahora.
Necesitan que su dignidad sea respetada y correspondida con las actividades que el Gobierno debe cumplir acompañándolas y garantizándoles que el trabajo que realizan, de beneficio social, lo pueden hacer de manera segura.
Y porque con el trato digno que merecen recibir, el Gobierno con sus atribuciones, puede contribuir también a que las tareas de los diferentes colectivos de búsqueda que se han formado en casi todo el País, puedan encontrar y dar las respuestas que por ahora las autoridades no han podido.
México tiene una crisis de desapariciones y si no fuera por la dignidad de las familias de los desaparecidos, sería aún mayor de lo que hoy se tiene en el País. Es momento de que quienes gobiernan, se lo reconozcan y retribuyan actuando.
