Cada año, se hace del conocimiento público las irregularidades que se detectan en el manejo de los recursos públicos en los diferentes niveles de gobierno en Sinaloa. Y cada año, queda de manifiesto cómo es posible eludir responsabilidades.
Y ocurre porque la Ley permite que tras las observaciones y las irregularidades detectadas, las partes auditadas corrijan la manera en que justifican el gasto que realizan y para eso, se recurren a artilugios legales para lograrlo.
Por ejemplo, se ha documentado cómo las entidades de Gobierno, de cualquier nivel, buscan mecanismos para eludir las licitaciones y argumentan condiciones de excepción para justificar no llevar a concurso la adquisición de un bien o servicio.
Aunque se han hecho esfuerzos para que la Ley sea lo más clara y se eviten daños al patrimonio público, prevalecen términos ambiguos que permite encontrar resquicios legales que hace posible que se eludan las licitaciones públicas.
En diferentes contextos, se ha advertido que la adjudicación directa, aunque es un mecanismo que está previsto en la Ley, debe ser una excepción porque representa una manera en que el riesgo de corrupción se incrementa.
Y dentro de las revisiones públicas de cómo se gasta el dinero público, se ha advertido de casos en que la adjudicación directa es un mecanismo que las autoridades, en los diferentes niveles de gobierno, buscan implementar.
Ya Iniciativa Sinaloa ha documentado cómo en años anteriores, en el Sector Salud estatal se adjudicaron contratos de manera directa sin justificar en las plataformas de transparencia el mecanismo utilizado.
El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue vinculado a proceso por un contrato de arrendamiento de camiones de recolección de basura por 117 millones de pesos y al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se le ha advertido de un daño patrimonial por los contratos para la adquisición de luminarias.
La sanción en las irregularidades cometidas debe ser clara, pero sobre todo, el marco jurídico deberá quedar claro para que el gasto público sea justificado y los riesgos de corrupción en el gasto público sean minimizados.
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