En 2024, Sinaloa registró mil 606 embarazos en madres menores de 18 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De estas cifras, 55 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años, un dato que por sí solo evidencia la gravedad del fenómeno y la vulnerabilidad extrema de las menores involucradas.
Aunque la tasa estatal de embarazos adolescentes es de 7.7 por cada 100 mil habitantes (por debajo del promedio nacional de 10.1) los números no deben tranquilizar a nadie: cada uno de estos embarazos representa una vida joven que enfrenta riesgos médicos, sociales y educativos.
El reporte del Inegi aclara que los registros reflejan documentación administrativa y no necesariamente los nacimientos ocurridos estrictamente en 2024, lo que sugiere que la cifra real podría ser incluso mayor. Esta situación refleja un rezago institucional y administrativo, que no solo dificulta conocer el alcance real del problema, sino que también evidencia la falta de seguimiento sistemático para proteger a las niñas y adolescentes más vulnerables.
El fenómeno no es nuevo ni aislado, y las cifras muestran que las políticas públicas actuales no están logrando frenar la incidencia de embarazos en menores de edad. La Secretaría de Salud de Sinaloa ha realizado jornadas de promoción de la educación sexual y la salud reproductiva, pero la repetición anual de cifras similares indica que estos esfuerzos son insuficientes.
La prevención requiere no sólo campañas puntuales, sino educación integral desde la infancia, acompañamiento social, acceso a métodos anticonceptivos, y la creación de un entorno seguro que proteja los derechos de las niñas y adolescentes.
La maternidad temprana tiene consecuencias profundas: limita la educación, aumenta los riesgos de salud materna y neonatal, y perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad. Los embarazos en niñas de 10 a 14 años, en particular, son una alarma roja de violación de derechos, que exige acción inmediata de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Cada cifra es un testimonio de que las menores no están recibiendo la protección y la orientación necesarias para tomar decisiones responsables sobre su sexualidad y su futuro.
La responsabilidad recae tanto en las autoridades como en la sociedad: se necesita educación, prevención real, y mecanismos que garanticen que ninguna menor se vea obligada a asumir una maternidad que comprometa su infancia y su desarrollo.
