La crisis de inseguridad que ha vivido Sinaloa durante casi un año ha tenido consecuencias para todos: las autoridades, que aún deben la resolución de esa situación; las corporaciones, que también han sido blanco de ataques del crimen organizado; las empresas, que han visto disminuir sus operaciones y sus ingresos; y de la población, que ha sido confinada en sus hogares.
Y entre todos ellos, además, destaca la situación por la que atraviesan las agrupaciones de rescate y emergencia, que han sido una parte vital para atender a las víctimas de la violencia, pero también a ellos les ha tocado sufrir las consecuencias.
Y sí, esas corporaciones no tienen nada que ver con el crimen organizado ni con las disputas que tienen las facciones enfrentadas, pero en medio de los actos irracionales de la violencia, a ellos les ha tocado ser también las víctimas.
A lo largo de casi un año, algunas ambulancias han sido bloqueadas, amenazadas, frenadas, para no cumplir con su misión de atender las emergencias y, por lo tanto, se les ha impedido llegar a su destino.
También ha habido víctimas directas de esta violencia, en la que voluntarios en las labores de auxilio han sido agredidos por los criminales. Y ha habido ocasiones en que las corporaciones de seguridad han tenido que escoltar a las unidades para garantizarles protección y garantizar que presten su servicio.
Ante esta situación, se hace necesario que las autoridades y las corporaciones tengan afinados los protocolos para garantizar que los servicios de emergencia lleguen hasta donde se están necesitando y, también, que lo hagan con las medidas de seguridad suficientes.
La protección debe llegar para todos, eso es cierto, pero en una situación de crisis, las agrupaciones que atienden situaciones de emergencia deben tener prioridad porque son las que auxilian de manera directa, y rápida a las víctimas.
Ojalá que ante las recientes experiencias, se tome nota de ello y la protección, necesaria y urgente, sea resuelta.
