La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un juicio en contra de México por el abuso que se ha cometido en la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa.
El hecho partió de la denuncia de dos personas que fueron detenidas y mantenidas en prisión durante 17 años, sin que sobre ellas haya habido una condena de parte de un juez.
En 2019 se les decretó un arresto domiciliario y apenas en 2022 se le dictó una condena. Junto a ese largo período en que estuvieron en el limbo judicial, también han denunciado abusos en el sistema carcelario.
Esta práctica de las autoridades ha sido una medida recurrente en los diferentes penales del País y organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra de ese mecanismo judicial.
Incluso, el tema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que votó por eliminar ese uso en temas como delitos fiscales, pero prevalece en otro tipo de delitos.
El Gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, se ha opuesto a eliminar ese mecanismo que asegura a presuntos delincuentes en la custodia de las autoridades.
Y ante esa indefinición, eso ha permitido que en las cárceles permanezcan presos personas detenidas y señaladas por cometer algún tipo de delito sin que haya una condena de por medio de parte de autoridades judiciales.
En medio del esfuerzo que el Estado mexicano debe emprender para garantizar que la población goce de condiciones de seguridad, uno de los retos pendientes por atender es el de poder contar con un mejor sistema penal.
El largo historial en México ha sido el del abuso, el de primero detener, privar de la libertad y luego, sancionar y condenar, llegando incluso a tener en la cárcel a gente inocente ante esa dilación.
El llamado de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá servir de punto de partida para revisar cómo el Estado mexicano atiende el tema de la justicia, sin abusar de las garantías individuales de las personas.
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