Tras dos años consecutivos de luces apagadas y ceremonias a puerta cerrada, la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán volverá a reunir esta noche al público para la celebración del Grito de Independencia.
La narrativa oficial busca proyectar el evento como un triunfo del civismo, un símbolo de que la ciudad recupera su dinamismo y una invitación abierta a “tomar de nuevo las calles”. Sin embargo, el retorno masivo a la plaza pública en una ciudad marcada por la sombra constante del crimen organizado plantea un agudo dilema entre la necesidad de sanar como comunidad y el riesgo de validar una calma prefabricada.
Sí, coincidimos en que la reapropiación del espacio público es una urgencia indiscutible, pues el miedo extendido fractura la convivencia diaria, paraliza la economía local y confina a las familias al aislamiento.
Que los culiacanenses decidan salir y ocupar la explanada representa una postura de resiliencia, es la negativa de un pueblo a ceder de manera permanente sus tradiciones y sus plazas al poder de los grupos delictivos.
Pero la crítica resulta inevitable ante la prisa institucional por reactivar eventos multitudinarios. Los fuegos artificiales y la música en vivo no poseen la capacidad de disolver la violencia estructural ni de borrar las cifras que impactan a las comunidades más vulnerables.
Existe una línea muy delgada entre promover la integración comunitaria y utilizar las Fiestas Patrias como una escenografía para decretar una “normalidad” que la gente no experimenta al salir de sus casas al día siguiente.
