A lo largo de la historia, los municipios han permanecido como los eslabones más débiles en cualquiera de las políticas públicas que se implementan en el País y los recursos disponibles para ejercerlos.
El Gobierno federal es el que concentra la mayor parte del presupuesto y la porción se hace menor cuando se distribuye a los estados y se reduce aún más, cuando llega a los municipios.
Y eso se refleja en las capacidades limitadas que tiene ese nivel de Gobierno, que además de enfrentar condiciones complicadas para resolver la operación ordinaria, enfrentar contingencias se convierte en una odisea.
Y tanto se vuelve difícil, que si una patrulla de la Policía Municipal o el camión de recolección de basura se llegan a descomponer, pasarán semanas o hasta meses para volver a disponer de esos equipos.
Aunque ha habido épocas en que se ha puesto sobre la mesa de discusión la redistribución fiscal de los recursos que se generan en el País, buscando fortalecer las capacidades financieras de los municipios, hasta ahora no ha habido nada concreto.
Las administraciones locales han crecido conforme crecen las necesidades del territorio que administran pero lo único que no ha avanzado en la misma proporción han sido los recursos disponibles.
Y acceder a apoyos para emprender proyectos que se salgan de lo que ya tienen presupuestados, se ha convertido en una labor titánica para que les sean validados, aprobados y entregados los fondos.
En momentos de contingencias como los que ahora vive Sinaloa, tras casi un año de confrontaciones entre grupos del crimen organizado, resulta complicado que se piense en cómo resolver las condiciones en las que operan los municipios.
Pero tal como ha ocurrido en años anteriores, deberá llegar el momento en que se ponga a discusión, otra vez, la transformación de la vida municipal y las posibilidades de mejorar la manera en las que acceden y administran los recursos públicos.
