Si en México habría que hablar de injusticias, un tema que debe obligar a la reflexión debería ser el de la impartición de justicia.
El Poder Judicial arrastra años de rezagos, en los que no ha podido ponerse al tanto ante la carga laboral y tiene que ver con quienes la autoridad pone ante la justicia, sin tener la certeza de que están involucrados en un delito.
De hecho, según un reporte del Inegi de 2021, en los penales de México, estatales y federales, un 40 por ciento de los reclusos permanecían privados de su libertad sin tener una sentencia o por estar en prisión preventiva, además de que un 14 por ciento estaba sin sentencia definitiva.
Esa es una, de tantas, de las razones por las que los penales en algunas partes de México se encuentran sobrepobladas: se ha abusado de la prisión preventiva hasta averiguar si el detenido es responsable de lo que la autoridad ministerial le acusa.
Esta es una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca eliminar la prisión preventiva oficiosa y sobre la que este lunes inició su debate. La forma en cómo opera este mecanismo judicial no es el más justo de los que se tienen.
Y aunque han aclarado que su eliminación no aplica para todos los casos, hay voces que se han manifestado en contra de desaparecer ese mecanismo, pues temen que los jueces dejen en libertad a personas acusadas de delitos de alto impacto, de políticos relacionados con corrupción o de fraudes corporativos.
Lo peor que puede pasar para que la Justicia en México sea más justa, es que su revisión, análisis, reforma y aplicación se quede inmóvil y se asuma que lo que hoy se tiene como mecanismos para resarcir los daños por delitos cometidos sea enviar a la cárcel a todos los detenidos.
Sí, a México le urge un mejor sistema judicial, pero nunca podrá ser sometido a cambios si no hay la disposición de ser revisado. Y lo que urge al País, por su seguridad, es una mejor justicia. Es hora.
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