Nos acostumbramos a la impunidad de nuestros gobernantes que nos sorprende que los acusen de un delito, y nos sorprende, todavía más, que esta denuncia realmente tenga un efecto.
La mayoría de los sinaloenses sabemos que nuestros policías cohabitan con la delincuencia organizada, sabemos, incluso, que muchos de ellos trabajan directamente para ellos.
Es de sobra conocido que nuestro sistema de justicia se mueve al ritmo del dinero del narco, la impunidad de los delincuentes es suficiente para entender esto.
Sabemos que muchos funcionarios han sido comprados, es más muchos de los puestos los designan los propios delincuentes.
Sin embargo, durante décadas nos han acostumbrado a pensar que los líderes políticos no son responsables de esta convivencia, como si no fuera su responsabilidad la entrega de sus gobiernos a los delincuentes.
Con el pretexto de que el narcotráfico es un delito de orden federal, los gobernadores se han lavado las manos y han dejado crecer el cáncer de la delincuencia organizada frente a sus narices, mientras ellos aseguran que no es su responsabilidad.
Hoy, los estadounidenses, en su papel de policías del mundo, acusan al Gobernador de Sinaloa de ser uno de los responsables de la llegada de las drogas a su país, y nos volteamos a ver como si eso fuera imposible.
La acusación de los americanos es muy sencilla: si sus policías, sus jueces, sus funcionarios y su omisión permiten que el narcotráfico lleve drogas al país del norte, entonces el Gobernador es responsable.
Una lógica jurídica que nos habían dicho que no era posible y que permitió que la delincuencia organizada creciera hasta límites insostenibles sin que nadie se hiciera responsable.
