Editorial
La corrupción es una de las principales debilidades institucionales en México. Lo mismo se manifiesta de manera recurrente en el Poder Legislativo que se hace presente en el Poder Judicial. Y claro, el Poder Ejecutivo ha sido el que lleva la voz cantante en estas prácticas.
Y a pesar de que se ha buscado implementar mecanismos que garanticen que la fiscalización de recursos pueda ser efectiva y sus prácticas sancionadas, hasta el momento los resultados no son lo suficientemente satisfactorios.
Sí, tal vez la revisión contable y administrativa de los ejercicios de los recursos públicos sea lenta. Y el castigo mucho más. Tal vez por eso, es que corromper el servicio público con el desvío de recursos sea una práctica complicada de desterrar.
Muchos son los políticos que las auditorías señalan como responsables del mal uso de los recursos públicos, pero pocos, los que han sido castigados.
Y los responsables del castigo tienen en su mano un gran caso: el de la estafa maestra. Una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal digital de noticias Animal Político revelan que 11 dependencias del Gobierno federal asignaron recursos a empresas irregulares o inexistentes.
Y no se trata de algo menor. El uso irregular de esos recursos alcanzó la cifra de los 7 mil 670 millones de pesos entregados a 186 empresas. Y no es un asunto menor que de esos recursos, 3 mil 433 millones de pesos, prácticamente desaparecieron.
La forma en cómo se dispersaron esos recursos lo explica la investigación periodística: el Gobierno federal firmó convenios con ocho universidades públicas para eludir la Ley de Adquisiciones y realizar licitaciones públicas. Y las universidades subcontrataron a empresas que no existen.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto no se ha caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas. Su administración y la forma en cómo se ejercen los recursos ha estado bajo cuestionamientos. Y en el último tramo de su administración es el periodismo el que demuestra que todavía hay más por revisar.
Por esos actos, hay 15 denuncias ante la PGR de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Que algo ocurra y cambie las cosas, está por verse.
