El proceso electoral de este 2021, como el de otros años, pone en juego la calidad democrática de México, no solo con la jornada final, en la que se deposita el voto, sino desde antes, cuando los partidos empiezan a ponerse de acuerdo.
Y el proceso electoral deberá servir, como lo ha hecho en otras ocasiones, como punto de referencia de la sociedad a la que se aspira en México: la de autoridades comprometidas a respetar la legalidad, de partidos políticos dispuestos a comprometerse con sus representados y de ciudadanos que reclaman y exigen a los participantes a elegir los mejores.
En el discurso, por ejemplo, las autoridades han manifestado su intención de mantenerse al margen del proceso electoral y no intervenir para beneficio de algunos de los candidatos, aunque ha habido una larga historia de cómo desde el poder, es posible operar programas que se traduzcan en votos.
Los partidos políticos, por su parte, prometen contar y postular a los mejores cuadros para competir por un cargo de elección popular. Sin embargo, a lo largo del País han desfilado aspirantes que luego son involucrados en la comisión de algunos delitos, como por ejemplo, mal manejo de recursos, o en el peor de los casos, y lo más preocupantes, de su relación con el crimen organizado.
¿A qué están dispuestas esas instituciones políticas para garantizar que efectivamente, ahora sí, sus candidatos pueden pasar cualquier prueba de honestidad y garantizar que no están involucrados con intereses ilegales?
Porque entonces, ahí deberían intervenir los ciudadanos, los que observan a su comunidad, los que atestiguan cómo se desarrolla y cómo algunos de sus personajes logran el éxito a través de la vía legal y cómo otros prosperan por mecanismos oscuros.
El 2021 y su proceso electoral deberá estar marcado por lo que hagan sus ciudadanos: que participen, que analicen, que revisen, que exijan y que decidan. Serán los ciudadanos los que decidan hacia dónde quieren que México vaya.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
