Ante la crisis de violencia que ha vivido Sinaloa por 15 meses, es poco lo que el Gobierno ha podido hacer para garantizar la seguridad de la población.
Podría entenderse porque se trata de hechos que no están previstos y surgen en condiciones y lugares donde no se tiene información, o debería.
Porque el Gobierno cuenta en algunas ciudades con un sistema de vigilancia que debiera advertir de movimientos inusuales y actuar ante esa situación. O no ha podido.
Como tampoco en momentos críticos, no ha podido tener un poco de empatía hacia la población que se convierte en víctima de hechos violentos.
Ante los enfrentamientos armados entre grupos delictivos, como el ocurrido recientemente en Escuinapa, la autoridad, del nivel que sea, prefiere y se siente más cómoda con el silencio.
La autoridad, prefiere y se siente más cómoda que sean los otros, los grupos en conflicto, los que resuelvan sus diferencias o sus ambiciones con armas de fuego, aunque eso ponga en riesgo a los demás, a la mayoría que no tiene que ver con hechos delictivos.
Y la autoridad, prefiere y se siente más cómoda, que sea la población la que resuelva su seguridad en condiciones de exposición a riesgos como los presentados la mañana de este miércoles en Escuinapa.
Ahí, la gente comenzaba su día habitual, con traslados a las escuelas y los trabajos cuando inició un enfrentamiento armado que se acercó y entró a la zona urbana.
La gente, la que se alistaba para iniciar con sus actividades, resolvió esa situación de emergencia a como pudo y con sus capacidades limitadas para resguardarse y resguardar a los suyos.
Y en medio de la emergencia, la autoridad prefirió, y se sintió más cómoda, guardar silencio mientras una comunidad debió protegerse y alertarse con sus propios medios, porque no hubo, ni ha habido, un Gobierno que responda a la situación de emergencia que ahí se vive.
Y porque en medio de la crisis que no se conoce ni reconoce en algunas zonas de Sinaloa, como la de Escuinapa, ha sido como siempre la ciudadanía la que logra superar las capacidades que tienen las autoridades para protegerlos.
