Modalidad 40: el costo de la corrupción institucional
El anuncio del Gobierno federal y del IMSS de restringir y endurecer los límites de la Modalidad 40 ha encendido las alarmas de miles de futuros pensionados.
La justificación oficial es frenar un boquete financiero impulsado por “esquemas de simulación y fraudes millonarios”, lo cual la propia Presidenta Sheinbaum tuvo que admitir ayer. Sin embargo, detrás del discurso de austeridad y combate al abuso se esconde un diagnóstico incompleto e injusto.
El problema de fondo no es el espíritu de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. El verdadero origen de este agujero multimillonario estriba en la incapacidad estructural del IMSS para fiscalizar, vigilar y poner un alto a tiempo a la red de complicidades e irregularidades internas.
Durante años, operaron bajo la sombra “gestores”, coyotes y redes de manipulación que requerían -forzosamente- de la complicidad, omisión o participación directa de personal dentro del propio Seguro Social.
Se alteraron historiales, se simularon semanas cotizadas y se inflaron salarios en sistemas que debieron contar con candados infranqueables. La autoridad prefirió voltear a ver hacia otro lado mientras el problema crecía, hasta que el costo fiscal se volvió insostenible.
Hoy, la solución estatal no pasa por desmantelar las redes de corrupción ni por llevar ante la justicia a las mafias operativas internas que lucraron con el sistema. La salida más fácil ha sido cerrar la llave.
Ahora pagan justos por pecadores, pues el trabajador de a pie, perteneciente al régimen de la Ley de 1973, que planificó su retiro durante años, que ahorró con esfuerzo propio para realizar aportaciones voluntarias altas y aspirar a una vejez digna, es quien termina castigado por la incompetencia institucional.
Restringir la Modalidad 40 no es una victoria de la ética pública, sino la prueba de que el IMSS prefirió penalizar el ahorro del ciudadano honesto antes que sanear sus propias entrañas.
