No es necesario decir si son pocos o son muchos. Han sido víctimas de la ola de violencia que se registra en Sinaloa y eso obliga a que los esfuerzos que se han hecho para contener los actos delictivos sigan siendo efectivos.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa señala que del 9 de septiembre al mes de febrero, 33 niñas, niños y adolescentes habían fallecido por homicidios dolosos, algunos, como en acontecimientos de la violencia armada.
Y a esa cifra se suma el reciente caso de Regina, una menor de 14 años, quien recibió impactos de bala en Navolato y posteriormente falleció en un hospital donde era atendida.
Como muchas otras víctimas que ha dejado la violencia en Sinaloa, la cantidad debiera ser lo menos importante y sí, aunque sea uno o sea 100, es que no debería haber razones para que perdieran la vida. Como en muchos otros casos de mayores de edad.
Las víctimas tienen un nombre, tienen una historia de vida, tienen sus familias que hoy son sus deudos, tienen un impacto en la sociedad, y eso debe ponderarse en el balance de las consecuencias de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.
Los reportes oficiales señalan que la incidencia de homicidios en Sinaloa ha ido a la baja después de lo que dejó el inicio de los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado en la entidad.
Y qué bueno que así sea, porque el propósito del despliegue de más elementos federales en diferentes puntos de Sinaloa ha sido el de reducir los efectos de la violencia que ha impactado a todos los sinaloenses.
En casi seis meses, la vida social de quienes habitan en Sinaloa se ha transformado y han tenido que restringir sus libertades para garantizar su seguridad. Hay quienes no alcanzaron a hacerlo y se han convertido en víctimas.
Lo menos que se puede esperar de parte del Estado mexicano, cuando esto llegue a su fin, si es que llega, es que reciban justicia y que los responsables sean localizados y castigados y que pongan fin a la impunidad.
