Editorial
El mes pasado, Noroeste documentó cómo en la Secretaría de Salud de Sinaloa, en el Gobierno de Mario López Valdez su titular, Ernesto Echeverría Aispuro, otorgó contratos irregulares a empresas de las que formó parte e incluso ayudó a crear.
Sin embargo, esas operaciones irregulares, que alcanzaron montos por más de 87 millones de pesos, no fueron detectados, o no quisieron hacerlo, por los diputados del PRI en el Congreso del Estado, quienes terminaron por aprobar la cuenta pública del último año de gestión de Malova.
Esa decisión de los legisladores locales contradice el Informe de Resultados sobre la Revisión de los Estados Financieros y la Aplicación de los Recursos Públicos, de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Las observaciones que hace la ASE sobre Servicios de Salud de Sinaloa es que asignó de manera irregular contratos por 18 millones de pesos a la empresa Herramientas Médicas, que documentó Noroeste, fue un negocio que Echeverría Aispuro ayudó a fundar.
La irregularidad que establece la Auditoría estatal es que esos recursos, para el arrendamiento de equipo médico, debió haberse licitado y Echeverría Aispuro no lo hizo.
La recomendación que hace la ASE es que esas operaciones irregulares deben sancionarse, aunque los diputados locales del PRI decidieron perdonar.
La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado había sugerido suspender la cuenta pública de Malova, pero al final, en la votación del pleno votaron a favor 23 diputados del PRI, Verde y Nueva Alianza.
Los diputados locales estaban ahí, con conocimiento de lo ocurrido en la administración anterior y las irregularidades cometidas, pero decidieron no actuar.
Lo que se espera ahora es que el órgano fiscalizador de Sinaloa haga la tarea que los diputados no quisieron hacer: que se canalicen las observaciones y recomendaciones encontradas y que haya sanciones de por medio.
La corrupción en México y en Sinaloa prevalece porque no hay voluntad para castigar a quienes la cometen. Es momento de que en el estado se siente un precedente y por primera vez, los actos corruptos reciban el castigo adecuado.
Por el bien de Sinaloa, habrá que esperar a que así ocurra.
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