Qué desesperante es ver las decisiones que se toman desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, pese a la crisis de inseguridad por la que atravesamos.
Lo peor es que va Justo con su narrativa, de pretender que no pasa nada, cuando vivimos tiempos extraordinarios.
La visión chata, que no va más allá de su nariz, les sigue haciendo creer que son los culpables de originar la guerra interna del Cártel de Sinaloa, algo que no se puede comprobar, pero lo peor, lo más absurdo es que no hagan nada por contenerla y ahí sí es donde se nota.
El tache para la gestión del Gobernador Rubén Rocha Moya y de la Diputada María Teresa Guerra Ochoa está más que cantado para las próximas elecciones, que ni ellos ni sus aspiraciones o recomendados van a terminar de caer bien.
Uno de los ejemplos más claros es que pese a que subieron casi un 12 por ciento de incremento, que son 451 millones de pesos, el presupuesto de seguridad pública para este año seguirá siendo insuficiente para el problemón al que nos enfrentamos.
Y muchos pensarán que es mucho los 2 mil 472 millones, pero les dijeron desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública que era necesario una cifra cercana a los 7 mil millones.
Se supone que esto se va a distribuir en incremento salarial para agentes estatales, nuevas plazas operativas y rehabilitación de centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán; Goros II, en Ahome; y El Castillo, en Mazatlán.
Además de contratación de 50 nuevos custodios y fortalecimiento del sistema de videovigilancia y tecnología del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa., el hoyo negro más grande conocido del presupuesto de seguridad, porque han gastado cientos de millones y millones de pesos y nunca sirve, nunca es suficiente y es lo primero que se destruye, sin que nadie sea castigado.
Y se supone que a la Fiscalía General del Estado le darán 63 millones más para llegar a mil 203 millones de pesos de presupuesto para 2026, supuestamente para más plazas y la creación de la Policía Cibernética.
No quedan entonces dudas de que quienes planearon este presupuesto no viven en Sinaloa, o no tienen conocimiento de lo que ha pasado.
Ni hablar.
