La semana pasada, la Fiscalía estatal solicitó la declaratoria de procedencia en contra del Secretario de Turismo de Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, que consiste en la remoción del fuero, por presunto desempeño irregular de la función pública durante su gestión como Alcalde de Mazatlán.
Fue en octubre del año pasado cuando la Auditoría Superior del Estado interpuso una denuncia penal contra Benítez Torres por presunto daño a la hacienda pública del Municipio de Mazatlán debido a contrato con Azteca Lighting, que representó 60 millones 880 mil 730 pesos para la compra de 2 mil 139 luminarias.
El polémico caso generó que, quien es conocido como “El Químico”, dejara el cargo como Presidente Municipal y pasara a ser Secretario de Turismo estatal, lo cual le daba fuero como funcionario.
El martes, la solicitud fue presentada ante el Congreso del Estado, institución que notificó del proceso al Gobierno de Sinaloa, por lo que el Gobernador Rubén Rocha Moya le quitó el cargo como titular de Turismo para que Benítez Torres enfrente los cargos que tiene la Fiscalía, que son varios pero que la FGE recopiló cuando menos en dos carpetas de investigación.
Después de lo sucedido con el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien fue desaforado, retirado de la Presidencia Municipal y sustituido por Juan de Dios Gámez Mendívil, el inicio del proceso contra “El Químico” Benítez era inminente.
Los casos han originado un verdadero debate de cómo debería ser la impartición de justicia, muchos han señalado la diferencia en el tratamiento de las investigaciones.
Pero lo que vemos más importante es que los presidentes municipales, secretarios, e incluso gobernadores ya no deben ver a lo espacios que administran como quien tiene la factura de una propiedad, que los ciudadanos y los mismos servidores sepan que lo que hagan tendrá sus consecuencias.
En un país donde todo se politiza, lo que ha sucedido es de gran valor, ahora esperamos que los juicios sean justos, equitativos y que al final prevalezcan la justicia y la aplicación de la leyes y no lo político.
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