Es innegable que los hechos de violencia continúan registrándose en Sinaloa y eso ha tenido un impacto, desde septiembre de 2024, en las actividades sociales de su población.
Ya se ha hablado de las repercusiones que se han tenido en el sector económico, principalmente en Culiacán, donde empresas han tenido que cerrar sus puertas, recortar horarios y reducir su planta laboral debido a que la gente ha dejado de salir de sus casas.
Y sí, la violencia ha tenido un impacto en las dinámicas sociales porque la gente busca evitar los riesgos en su integridad y se ha limitado en sus interacciones en la vía pública.
Pero, ¿cuánto tiempo más la gente debe mantenerse aislada porque los grupos de la delincuencia organizada han tomado las calles para enfrentarse y dirimir sus diferencias?, O ¿por cuánto tiempo más está dispuesta a sacrificar sus libertades a cambio de resguardar su integridad física?
Si bien las autoridades han incrementado la presencia de las agrupaciones de seguridad para contener los hechos violentos, no ha sido suficiente, por ahora, los resultados alcanzados, pues la sociedad sinaloense aún está en riesgo.
Sin embargo, en una sociedad no es sano que la gente viva limitada de los espacios de convivencia social y deje a los grupos de la delincuencia organizada las libertades que le pertenecen.
El Gobierno está obligado a mantener los operativos para contener los hechos de violencia y al mismo tiempo, tiene la obligación de garantizar que los espacios de convivencia sean devueltos a quienes lo habitan.
Las actividades sociales, incluyendo aquellas que forman parte de la identidad sinaloense, deben ser restablecidos y defendidos por todos porque, aunque se ha dicho una y otra vez, hoy más que nunca adquiere relevancia que en Sinaloa, son más las personas buenas que impulsan a la entidad.
