Con el inicio del mes de septiembre empieza un proceso en el que diferentes órganos de gobierno y legislativos empiezan a definir el recurso estimado que se pretende ejercer para el próximo año y la manera en cómo se va a distribuir.
En los próximos días, seguramente se leerá que el presunto alcanza miles de millones de pesos en recaudación y que otros tantos miles de millones de pesos se destinarán a tal o cual programa.
Y se trata de una tarea que los diferentes órganos de gobierno y legislativo deben realizar porque así lo establece la Ley.
Sí, tienen la obligación de hacerlo y de establecer metas sobre cuánto dinero y de dónde pretenden recaudar y cuánto dinero y hacia dónde se va a gastar. Hay áreas que son prioritarias y las cuales tienen recursos suficientes asegurados para ejercer sus funciones y hay otras instancias que deben “pelear” con legisladores para conseguir una tajada.
Todo eso ocurre en la instancia general, lo que el Gobierno de México, y posteriormente los gobiernos estatales, donde se establecen los montos a repartir.
Pero una de las instancias que más se deja de lado y la que enfrenta la mayoría de los problemas, es lo que ocurre a nivel municipal.
Los municipios enfrentan la demanda de la población porque la calle cada vez está más dañada, el agua apenas y sí llega, los apagones se vuelven frecuentes, las patrullas dejan de servir o los camiones de la recolección de basura se vuelven inoperantes.
Y en la distribución de los recursos, la última instancia que se contempla para asignar recursos suficientes para su operación, son precisamente los municipios
¿Para qué sirve tanto bailoteo de los miles de millones de pesos que se discuten y se aprueban sin los diagnósticos suficientes a nivel macro, si en el nivel más básico de Gobierno, las necesidades son las menos atendidas?
Qué bueno que haya programas y órganos de gobiernos que cuenten con fondos para seguir operando. Ojalá que alguna vez, los municipios puedan verse fortalecidos.