El sector agrícola en México es fundamental para la producción de alimentos y también para el desarrollo de sus comunidades. En la manera en cómo el Gobierno defina su política pública es la forma en cómo se definirá su futuro.
Y una parte prioritaria de este proceso son los recursos que la administración pública asigna a los sectores productivos, que lo requieren para seguir haciendo lo que saben hacer.
Y lo que ahí definan es lo que dará estabilidad para los siguientes ciclos agrícolas, pues los productores necesitan de certezas para organizarse con los cultivos.
Por eso, importa que los legisladores federales escuchen a los sectores productivos, en este caso, a los agrícolas, tanto de organizaciones que se caracterizan por la fuerza de su agrupación, como de pequeños productores que muchas veces emprenden sus siembras con muchas desventajas.
Los recursos importan, por supuesto, pero también, una parte, la menos atendida, es lo que el Gobierno quiere para el campo mexicano.
Sin duda, una de sus prioridades será la de reforzar las áreas en las que tiene más fortalezas, como los granos en el noroeste de México, las frutas en el noreste del País o las hortalizas del centro y sur.
Pero también se debe apostar a cultivos que sean más eficientes en el uso del agua y que dé los rendimientos necesarios para el productor.
Se debe trabajar, además, para reducir las diferencias que aún siguen marcando al campo, entre la alta tecnificación y la producción artesanal.
El campo debe ser fundamental en la política pública de México y hasta ahora, su producción ha seguido una inercia que obedece más a la capacidad de organizarse, y financiarse, de los productores, que a una política de Estado clara que pretenda potencializar lo que el País ya tiene.
Si esta tarea se sigue dilatando, de la agricultura se seguirá hablando de las zonas altamente productivas, y exitosas, y de los grupos y regiones altamente rezagados, y eso, no conviene a México ni a ninguna de sus entidades.
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