Responsabilidad

    Auditar cuesta y en gobiernos como los de Sinaloa, requiere de un esfuerzo adicional cuando el manejo contable busca los vericuetos legales que les permita eludir responsabilidades.

    Gobiernos van y vienen, legislaturas van y vienen y parece que en Sinaloa, ejercer un cargo público sea un proceso de aprendizaje donde el error, por más grave que sea, termina tolerándose.

    Quien hace uso de los recursos públicos puede disponer de ellos casi como quiera y siempre encontrará una justificación en el manejo inadecuado.

    Hay sanciones, sí, pero también muchas oportunidades para que los señalados de cometer irregularidades puedan solventar las faltas.

    El Congreso del Estado acaba de resolver en comisiones que ninguna de las 18 cuentas públicas municipales sería aprobada por presentar irregularidades en la manera en que se integraron.

    Pero, ¿qué puede estar tan mal en los gobiernos municipales de Sinaloa? Que gasten de más, o gasten de menos; que los funcionarios, empezando por los alcaldes, se paguen de más; que los gobiernos no paguen los impuestos, a pesar de retenerlos; que se acostumbren a entregar contratos, eludiendo las licitaciones; y hasta el uso de facturas apócrifas.

    Y no son males recientes. Cada año, en cada revisión de las cuentas públicas, los legisladores encuentran irregularidades como esas y no parece que alguien haya aprendido algo, pues siguen haciendo las cosas mal.

    Y en los gobiernos locales siguen haciendo las cosas mal, haciendo un uso irregular de los recursos, porque no hay sanciones que los frenen y hay, por el contrario, consideraciones para que esas anomalías administrativas puedan ser subsanadas.

    Auditar cuesta y en gobiernos como los de Sinaloa, requiere de un esfuerzo adicional cuando el manejo contable busca los vericuetos legales que les permita eludir responsabilidades.

    En los gobiernos se necesitan de funcionarios honestos y los legisladores deberían pugnar porque así sean, con mecanismos legales que obliguen a todos los que participan en un gobierno a respetar la Ley y de lo contrario, que sean sancionados.

    La llamada “curva de aprendizaje” se ha convertido en un mito para justificar las incapacidades administrativas. En las medidas en que haya compensaciones y haya castigos reales, el manejo del dinero público podrá, entonces, mejorar.

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