Los cambios que se proponen a los marcos jurídicos podrían tener las mejores de las intenciones, pero en la medida en que esas se hacen únicamente en el ámbito político, las dudas se acrecientan y lo que pretendía hacer un bien, termina por terminar desacreditado.
De esas experiencias hay muchas, como las que en los años recientes se han aprobado en los congresos federal y locales, de manera rápida, sin un solo cambio en la iniciativa presentada y sin consultar a los sectores involucrados.
Suponiendo, por ejemplo, que la autoridad en turno tuviera la razón para desmantelar los órganos autónomos que vigilaban las acciones del Gobierno y hacían cumplir la Ley y los derechos ciudadanos o los que tomaban las decisiones técnicas requeridas, con el argumento de lo costoso que resultaba para la administración pública.
Lo menos que se requería era involucrar a todos los actores involucrados, los especialistas, los ciudadanos, los empresarios, los activistas, para replantear qué mecanismo podría construirse para garantizar el cumplimiento de la Constitución y que al mismo tiempo, de ser cierta la visión del Gobierno, permitiera cumplir con las políticas de austeridad.
Pero no pasó así y lo que en su momento garantizaba que el acceso a la información pública y el cumplimiento en transparencia se rigiera por un organismo autónomo al Gobierno, ahora será la misma autoridad la que determine cuándo estará obligada a entregar esa información.
Ocurrió en el Gobierno federal y ha estado ocurriendo en los congresos locales. Y ese tipo de ejercicios, con decisiones unilaterales, ha estado ocurriendo de esa manera con muchas de las leyes aprobadas a prisa por los legisladores.
Por muy buenas intenciones que pretendan vender quienes gobiernan, el punto idóneo es de que no se olviden de las consultas y no se olviden de escuchar a quienes saben del tema.
El País no puede estar sujeto a la improvisación, sobre todo cuando de leyes se trata, y ojalá que en las próximas reformas que están por venir, los políticos apelen a la política, no la partidista, para que escuchen a la ciudadanía, la entiendan y asuman compromisos para incorporarla en la toma de decisiones.
