Una de las principales responsabilidades que tienen los gobiernos es la de garantizar la seguridad y también las condiciones de seguridad adecuada. Sin embargo, en Sinaloa aún falta por cumplir la tarea como corresponde.
Desde hace casi un año, la ola de violencia que se ha presentado en la entidad por la pugna de grupos de la delincuencia organizada ha tenido un impacto, entre tantos otros, en la educación.
A lo largo de estos casi 12 meses, ha habido sectores y escuelas que han tenido que suspender sus actividades, que se han prolongado por días, debido a los hechos de violencia que se han estado presentando.
Tan solo esta semana, en las comunidades de Villa Juárez y en Tepuche las clases se suspendieron ante el reporte de enfrentamientos armados y apenas este jueves, en el Campo El Diez, en Culiacán, un hombre fue asesinado a balazos frente a unas canchas deportivas y obligó a docentes y estudiantes a refugiarse.
Y esto ha ocurrido apenas en el inicio del nuevo ciclo escolar, por lo que resulta urgente que las autoridades accionen sus capacidades para que la educación no se vea interrumpida por los hechos de violencia.
Es verdad que Sinaloa ha tenido que sortear los efectos de la violencia en la entidad en casi todas las actividades productivas y sociales, algunas con impactos directos y otras afectadas de manera directa.
Pero en todo este proceso de búsqueda de seguridad, se hace necesario que las autoridades apuesten por garantizar la seguridad para que el acceso a la educación no se vea interrumpida por factores externos al quehacer formativo.
El País y Sinaloa enfrentan rezagos en materia educativa y hechos de violencia generados por el crimen organizado solo llegan a abonar al desgaste del nivel de la educación que se tiene en la entidad.
Si bien es cierto que esas pugnas que sostienen los grupos delictivos son ajenas a las autoridades, lo cierto es que sí se necesitan de sus acciones para que niñas, niños y jóvenes puedan tener garantizado el derecho a la educación. No hay tiempo qué perder.
