Con la reforma constitucional realizada en México que llevó a la desaparición de órganos autónomos, como el INAI, los estados están haciendo ajustes a sus leyes locales para emprender el mismo camino.
Y en el caso de Sinaloa, ya se ha planteado la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la CEAIP, como parte del proceso de armonización legislativa.
Aunque desde el Gobierno federal se ha prometido que el derecho constitucional de acceder a la información pública estará garantizado con órganos dentro de la administración pública, está claro que no se puede ser juez y parte en estos mecanismos.
Por eso, en las entidades donde aún falta dar ese paso, como es el caso de Sinaloa, es necesario conocer hasta dónde las autoridades están en disposición de ser transparentes con la información que genera y que puedan seguir siendo vigilados por el interés ciudadano.
Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento público sobre lo que se va a hacer después de que se haga la armonización normativa, que están obligados a hacer los órganos legislativos.
Y sobre lo que ocurra, se sabrá hasta dónde quienes gobiernan tienen el compromiso de ser transparentes en cómo la información que generan y que es de interés público estará disponible para toda la ciudadanía.
De parte de organizaciones civiles, se ha presentado una iniciativa para que se valore la creación de órganos descentralizados en cada dependencia y donde se dé cabida a la ciudadanía para que pueda garantizar ese derecho.
La propuesta ya está sobre la mesa del Congreso del Estado y habrá que ver hasta dónde hay voluntad para que esos cambios que son inminentes, afecten lo menos posible a los derechos de la población.
Las voluntades nunca van a ser suficientes si no queda plasmado en las leyes y habrá que ver hasta dónde el sentido democrático y constitucional, de atención a los derechos de las personas, está incrustado con quienes gobiernan y deciden en Sinaloa.
