Lamentable que aun en esta crisis sean también los agentes de las diferentes corporaciones policiales las víctimas mortales que seguimos sumando a la lista y lo peor es que no vemos que ninguno de estos ataques se esclarezca.
Y la desesperanza se asienta porque ni los ministerios públicos local ni federal toman la responsabilidad de dar resultados, pese a que los crímenes contra las fuerzas del orden no son algo nuevo.
Ataques directos, o perpetrados tras evidentes acciones de vigilancia para atacarlos cuando están solos o llevárselos para no regresar más.
Por muchos años en Sinaloa, especialmente en Culiacán, la Fiscalía General del Estado ha quedado a deber con los esclarecimientos de los crímenes contra los jefes, mandos o elementos de las policiales municipales o de investigación.
Tampoco se ha sabido de alguna acción letal criminal que haya sido castigada desde la justicia federal.
La omisión en los hechos ya ocurridos y los descuidos en los protocolos para proteger a los agentes del orden también generan una desconfianza que se acrecenta con cada hecho o cada que se recuerda a las víctimas.
Más bien, la falta de resultados en las investigaciones se suman a las muchas de civiles que pretenden justificar con un contexto que siempre recae en el narcotráfico.
El rapto de los tres elementos de la Policía Municipal de hace unos días se suma a otros asesinatos más que aún no tienen respuesta, ni indicios, ni órdenes de aprehensión, ni posibles responsables ni procesos judiciales iniciados.
Lejos estamos en Sinaloa de que las cosas que ocurren aquí, se resuelvan aquí, ya sea por miedo, por falta de voluntad o porque hay demasiado trabajo.
Sin duda que entendemos la importancia de dar resultados para todas las víctimas, pero nuestras policías están lejos de terminar de cuajar en cuanto a su profesionalismo, si ni siquiera el Estado ofrece garantías de seguridad para quienes deberían estar en las calles para cuidarnos de los malos.
