Una de las fortalezas que caracteriza a un sistema democrático es la capacidad de que los poderes formales cuenten con contrapesos que permita al menos cuestionar la toma de decisiones de interés público.
Y es un contrasentido a la democracia que esos espacios de crítica y de cuestionamientos intenten ser opacados, minimizados o maniatados con las decisiones de quienes tienen el poder.
Uno de esos contrapesos, de muchos que se pueden generar en una democracia, es el que pueden crear los ciudadanos, haciendo valer derechos consagrados en la Constitución, como el del acceso a la información.
Es innegable la utilidad que tienen los organismos que se han creado para que la población pueda acceder a información que le sea de utilidad. Y tal vez no todos conozcan esas herramientas, pero hay canales de comunicación que permiten acercarle esos datos que pueden ser de su interés.
Pretender que los organismos de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el caso a nivel federal, o la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa, no han contribuido a tener un mejor sistema democrático que el de décadas atrás, es intentar negar lo que hoy han podido alcanzar quienes están en el Gobierno.
El de la Cuarta Transformación ha puesto como bandera la austeridad a lo largo de cuatro años de gestión y en esa pretensión de recortar gastos, asume que desapareciendo organismos como los que garantizan el acceso a la información permitirá contar con más recursos para asistencia social en detrimento de uno de los derechos consagrados en la Constitución.
Sí, ha sido loable acercar apoyos y recursos a quienes no eran atendidos, pero pretender minar la operación de los organismos que ayudan a generar contrapesos no es nada democrático, y lo saben en la 4T, en el País y en Sinaloa.
