"Y ¿a dónde se fue el dinero?"

La revisión de las cuentas públicas de las entidades públicas, como corresponde al caso del Gobierno de Sinaloa o a los gobiernos municipales, significa una vigilancia del apego irrestricto en el manejo de los recursos públicos.

 

El presupuesto que ejercen las diferentes instituciones de Gobierno, o de los poderes Legislativo o Judicial, o de entidades paraestatales, tienen normas qué cumplir y a las cuales atenerse, y de lo contrario, están previstas sanciones.

 

La Auditoría Superior del Estado es el órgano encargado de vigilar que cada una de esas entidades se apegue a las normas establecidas. Pero rara vez, pese a que el número de observaciones y recomendaciones se acumulan, ha llegado a las sanciones de los responsables del uso irregular de esos recursos.

 

Y sobre todo, que ha habido una complacencia de parte de los legisladores, quienes a pesar de que los informes sobre las cuentas públicas detallan irregularidades encontradas, terminan aprobando las anomalías en el uso del presupuesto.

 

Es por esa razón que hasta ahora, las auditorías que se hacen a las entidades públicas no son más que una sucesión de informes que detallan anomalías sobre las cuales no se aplican sanciones.

 

Y mientras no exista un castigo por ejercer el recurso público sin apego a las normas establecidas, seguirán presentándose casos de desvío de recursos y gestándose la sospecha de que se hace para un beneficio personal de los involucrados.

 

Porque además, hasta ahora, la información de la actividad que hacen la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local en la fiscalización parece terminar en los reportes que los legisladores terminan aprobando en su mayoría, pero no hay difusión de los incumplimientos a las observaciones y recomendaciones hechas en el manejo del presupuesto.

 

¿Se necesitan sanciones sobre los funcionarios que no ejercen el recurso como lo establecen las normas? Sin duda que sí. Porque el desvío de recursos, por más justificado que pudiera estar, sigue realizándose con total discrecionalidad, con poca transparencia y con intenciones poco claras.

 

Y mientras no existan sanciones, continuará el manejo de los recursos públicos como un patrimonio personal, sin que los contribuyentes tengan claro hacia dónde se va el dinero.