"A 5 años de distancia, el Gobierno de Vicente Fox, se encuentra nuevamente entrampado a causa de las demandas de los productores de caña"

Raquel R. de Estrada

El Gobierno de Vicente Fox inició con el conflicto cañero y la toma de dos secretarías de Estado. A 5 años de distancia, se encuentra nuevamente entrampado a causa de las demandas de los productores de caña, a las que no ha podido dar respuesta. Durante todo este tiempo, las decisiones de Fox han sido tomadas en detrimento de los cañeros. Primero, expropió 27 de los 58 ingenios azucareros, que a la fecha siguen teniendo pérdidas millonarias. Después, pretendió vetar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para luego oponerse al impuesto de 20 por ciento que la Cámara de Diputados fijó a la importación de fructosa. Su siguiente paso fue tratar de sustituir los liderazgos tradicionales de las organizaciones cañeras y, ante su fracaso, abrogó el decreto cañero de 1991 que regulaba tanto el precio del azúcar como la forma de organización de los productores. Finalmente, se resistió a publicar la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar aprobada en junio por el Congreso de la Unión, señalan líderes cañeros como Daniel Pérez Valdez, secretario general de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) de la Central Nacional Campesina (CNC), y los asesores Pascual Alvarado y José Cruz. Como resultado de todo esto, señalan los dirigentes, la producción azucarera del país, que era la sexta a escala mundial, vive hoy una severa crisis debido al descontento que priva entre los productores, quienes se sienten agredidos por el Gobierno federal. Y en medio de esta crisis han aflorado nombres ligados a la industria refresquera o empresas transnacionales, como Lino Korrodi, la Coca Cola y las comercalizadoras de fructosa Archi Daniells, a los que se señala como los principales beneficiados por la comercialización del azúcar y la importación de fructosa. Para Pérez Valdez, la política seguida por Fox en este rubro es un pago a los empresarios o empresas trasnacionales que le ayudaron a llegar al poder: Suponemos que le están cobrando la factura del apoyo para que alcanzara la Presidencia de la República y quieren que antes de irse les deje un modelo económico que les convenga. El factor ´gringo´ El último capítulo del conflicto cañero fue la reticencia de Fox a publicar en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley cañera, lo cual motivó las grandes movilizaciones emprendidas en días pasados por los cañeros y que concluyeron con un plantón de cinco días frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La madrugada del viernes 12 los cañeros levantaron su plantón luego de que el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González, les asegurara que la ley se publicaría antes del 22 de agosto. Sin embargo, lo que en realidad generó el problema cañero, detalla Pérez Valdez, han sido los intentos por bajar el precio del azúcar y romper los liderazgos. Pascual Alvarado y José Cruz, asesores de la CNC, señalan también el factor gringo que tiene que ver con la fructosa y la política azucarera que han seguido los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Explican que México produce entre 5 y 6 millones de toneladas anuales de azúcar, de las que una tercera parte es utilizada por las empresas refresqueras, que elaboran sus productos con este endulzante y con fructosa importada de Estados Unidos. Anualmente se introducen al mercado mexicano 800 mil toneladas de fructosa. Sin embargo, Estados Unidos espera vendernos 2 millones de toneladas. Permitir esto, señala Cruz, significaría desplazar el azúcar mexicana que consumen los refresqueros, a quienes les resulta más barato elaborar sus productos con fructosa. Lo que hay en el fondo de vetar la ley cañera es tratar de beneficiar el mercado gringo para que entre su fructosa a México y también importar azúcar de otros lugares a precio barato y venderla aquí a precio caro; con esto el precio del azúcar de los cañeros mexicanos bajaría. Fue por esta razón, recuerda Pascual Alvarado, que Vicente Fox impugnó en 2002 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el impuesto de 20 por ciento que la Cámara de Diputados impuso a la importación de fructosa, batalla que finamente perdió y que permitió frenar un poco la entrada del endulzante y que el precio del azúcar no bajara. Los cañeros señalan también que el Gobierno mexicano no ha hecho valer el Tratado de Libre Comercio en este rubro, en el apartado que especifica que por cada venta de fructosa que Estados Unidos haga México debe comprar una parte igual de azúcar. Sin embargo, el Gobierno estadounidense se ha protegido mediante la llamada cuota americana, que establece que se va a comprar 1 millón 200 mil toneladas de azúcar a Centroamérica y no a México. Paralelamente al problema de la fructosa que nos pega a nosotros como cañeros, es que Estados Unidos quiere controlar el mercado del azúcar mexicano a través de la compra de los ingenios que fueron expropiados por el gobierno, indican. Los ingenios, el decreto, los liderazgos La historia del enfrentamiento de Fox con los cañeros se remonta al inicio de su gobierno cuando, ante la falta de pago por parte de los ingenios, los productores realizaron un plantón de 33 días frente a la Secretaría de Economía y la Sagarpa. Para resolver el problema, Fox expropió en diciembre de 2001, 27 ingenios de 58 existentes--, los que generan 40 por ciento de la producción nacional. Los ingenios actualmente son administrados por el gobierno con el propósito de venderlos aunque, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, siguen teniendo pérdidas millonarias. Y si Estados Unidos compra los ingenios, ya sea con participación directa o prestanombres, podría controlar gran parte del mercado nacional del azúcar, y quien tiene el mercado podría fijar las reglas, si es que dejamos que Fox nos imponga sus nuevas reglas. Pero para que esto ocurra el gobierno tendría que hacer toda una serie de maniobras, que fue lo que intentó hacer y originaron su resistencia a publicar la ley, explica Pascual Alvarado, asesor de la CNC. Los asesores de la CNC indican que el Gobierno federal elaboró una estrategia para afectar a las organizaciones cañeras y llegó al punto de abrogar las normas que regulan el mercado cañero con el fin de beneficiar a la industria refresquera y a las grandes trasnacionales. Y lo primero que intentó hacer el gobierno, explica José Cruz, fue romper con las dos grandes organizaciones cañeras afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) que encabeza Carlos Blackaller. Cuando fracasó en su intento es que nos anuló, en enero, el decreto cañero de 1991, que regula todo lo del sector, dice. Uno de los momentos determinantes del conflicto ocurrió en mayo de 2004, cuando la Sagarpa arreció su estrategia para desarticular a las organizaciones cañeras, especialmente para terminar con el liderazgo de Daniel Pérez Valdez en la UNPCA. Explican los asesores que el Diputado federal del Partido Acción Nacional Diego Palmero Andrade, apoyado por el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, pretendió convertirse en secretario general de la UNPCA de la CNC en sustitución de Pérez Valdez, e incluso el Registro Agrario Nacional le otorgó dicho reconocimiento, así como el presidente del pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras, Juan Enrique Leal Palos, y no el secretario general de éste, Raúl Noriega, tal y como está estipulado. En un acta fechada el 4 de agosto de 2004, cuya copia fue entregada a Proceso por los asesores, se señala: El presidente del pleno (Juan Enrique Leal Palos) aclara que el licenciado (Raúl) Noriega ha sido un buen trabajador que ha desempeñado con honestidad y rectitud el puesto de secretario general de la Junta, pero lo que motivó al licenciado Noriega a presentar el escrito de fecha primero de julio del presente año, en donde renuncia al puesto de secretario general, fueron las fuertes presiones que desde el mes de enero de este año se ejercieron en la Junta, respecto al reconocimiento como presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar al Diputado federal Diego Palmero Andrade, lo que no era posible por no satisfacer los requisitos legales correspondientes Luego de esto, la Junta reconoció como único secretario general cañero a Daniel Pérez Valdez. No obstante, seis días antes del fallo, Diego Palmero Andrade pidió al gobierno federal, a nombre de la organización, la entrega de las cuotas retenidas de la zafra 2003-2004 y un anticipo de 15 millones de pesos de la zafra 2004-2005. De igual manera, señala Pascual Alvarado, se intentó sustituir a Carlos Blackaller de la CNPR con Rolando Saavedra Amador, pero tampoco tuvieron éxito. Otro golpe Cruz López, presiente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señala que la importancia de que haya líderes reconocidos por el gobierno es que éstos participan, junto con los dueños de los ingenios y autoridades federales, en el llamado Comité de Producción y Calidad Cañera, que determina la calidad de la caña y su contenido de azúcar y, por consiguiente, repercute en el precio al que los productores cañeros pueden vender su producto. El asesor de la CNC, Pascual Alvarado, explica que una vez que el gobierno fracasó en su intento por imponer nuevos líderes a los cañeros, planteó la modificación, en el Comité de la Agroindustria Azucarera, de los lineamientos que establecen las bases de la relación entre los productores de caña y los ingenios, los cuales se rigen por el decreto de 1991. Lo que se pretendía con estos cambios, señala Alvarado, era que se crearan otras organizaciones. En un principio productores e ingenios estábamos de acuerdo, pero ante la pretensión del gobierno de imponernos líderes y aniquilar a los nuestros, como lo quisieron hacer con Daniel, es que votamos en contra de la propuesta gubernamental. Ante la resistencia de los productores, el Presidente Vicente Fox decidió acabar con todo y, el 14 de enero de 2005, abrogó el decreto de 1991, dejándonos sin reglas para regular el proceso productivo de la caña de azúcar, sin tener forma clara para determinar la calidad del azúcar; pero sobre todo anuló nuestra participación como organizaciones. Para Daniel Pérez Valdez, lo que Fox generó fue un caos aunque, como ya veíamos venir una política contraria al sector cañero, desde el año 2000 empezamos a procesar una ley cañera que no frenada en el Congreso de la Unión. Cuando el Gobierno federal abrogó el decreto cañero, explica Pascual, sus líderes empezaron a cabildear con la Cámara de Diputados y lograron que se aprobara en junio una nueva ley cañera. El Presidente Fox y el Secretario de la Sagarpa, Javier Usabiaga, no contaban con esto; por eso es que se niegan a publicar la nueva ley, señala. El veto Ante la negativa de Fox de publicar la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, la UNPCA y la CNPR, que aglutinan a 150 mil cañeros, realizaron movilizaciones en la Ciudad de México, lo que obligó a Javier Usabiaga a sentarse a negociar. A cambio de la publicación de la ley, Usabiaga propuso la creación de nuevo decreto totalmente contrario a lo que el Congreso de la Unión aprobó. Mediante este decreto excluía básicamente a las dos organizaciones del Comité de Producción y Calidad Cañera y proponía la participación de representantes regionales y contratos de venta individuales, es decir por productor y no por organización, explica José Cruz. Pérez Valdez y Blackaller Ayala le respondieron al titular de la Sagarpa en un escrito del 5 de agosto; en éste señalan que en los hechos era como romper con un contrato colectivo de los trabajadores. Su propuesta está orientada a bajar el precio de la caña de azúcar y destruir las organizaciones de cañeros. Todo el poder a los industriales. Pareciera que el mal necesario somos los productores agrícolas La propuesta de decreto que nos fue presentada es una provocación y una ofensa al Poder Legislativo, se indica en el documento enviado a Usabiaga. Lo que quería el gobierno es que quien determinara finalmente el precio del azúcar fueran los dueños de los ingenios, explica Pérez Valdez. Los líderes explicaron que aceptar la propuesta del gobierno significaría afectar a los productores y beneficiar a las grandes trasnacionales, además de permitir la entrada de la fructosa en beneficio de la industria estadunidense y con el consiguiente detrimento de la industria cañera mexicana. Molestos por la propuesta y luego del fracaso de las negociaciones, los productores se plantaron frente a la Sagarpa hasta que el Gobierno federal prometió publicar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Las sombra de Korrodi Sin embargo, los cañeros no sólo exigen la publicación de la nueva ley, sino que también demandan que se aclare el manejo de las millones de toneladas de azúcar que se producen en los ingenios expropiados por el gobierno, así como su comercialización, lo que hasta la fecha se desconoce. José Cruz señala que se ignora a quién le ha vendido el gobierno las cerca de 8 millones de toneladas producidas luego de la expropiación de los ingenios, así como el destino de las 800 toneladas dejadas por dueños de los ingenios al momento de la expropiación. Cruz asegura que los agentes encargados de comercializar el azúcar fueron Lino Korrodi y Coca Cola. Por su parte, el Diputado Cruz López, quien participó en las negociaciones con el gobierno en julio de 2001, reveló que al menos en tres ocasiones Korrodi estuvo presente como asesor de Javier Usabiaga. Y lo mismo ocurrió en el Banco Mexicano de Comercio Exterior al discutirse la forma de pago a los cañeros. Ahí estuvo Lino Korrodi en calidad de asesor también, dice Pascual Alvarado. Y remata: El gobierno nos tiene que aclarar qué pasó con esa azúcar, quién la comercializó y a quién se la vendieron, porque hasta el momento Fox no ha dejado que la Auditoría Superior de la Federación revise el fideicomiso comercializador que se creó para vender el azúcar que sale de los ingenios expropiados.