"A los ojos de los fundamentalistas del PRI, la Corte parece haberse agregado a los factores que con mayor lentitud de la necesaria han ido desmontando el poderío incontrastable, y por lo mismo arbitrario del partido que fue hegemónico."

Gestionan

¿Quién teme a la Suprema Corte?

A José Gutiérrez Vivó y a sus (mis) compañeros de Radio Monitor.

Corto de memoria, émulo del niño sorjuaniano que "pone el coco y luego le tiene miedo", el ahora Senador Manlio Fabio Beltrones busca recortar o suprimir la facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresa en el artículo 97 constitucional.
Olvida que fue la Cámara a que pertenecía el 22 de febrero del año pasado la que solicitó a ese alto tribunal con 373 votos de los 377 presentes-- investigar las probables violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Y que el Senado al que ahora pertenece el ex Gobernador de Sonora formuló el mismo pedido, el mismo día, por unanimidad.
Es probable que no sea tanto la facultad pesquisitoria en sí misma la que preocupa al poderoso Senador sonorense. No le inquietó nunca. Durante sus nueve años como legislador, previos a su actual posición (dos trienios como Diputado y uno como Senador, pues renunció a medio camino para gobernar en su tierra) jamás expresó crítica alguna a esa disposición constitucional.
Es probable, en cambio, que perturbe a Beltrones que esa facultad de la Corte ponga en jaque a gobernadores priistas, que rigen a sus entidades al modo antiguo, cuando el autoritarismo no topaba con límite alguno.
En los cuatro casos que en esta época (de 1995 a nuestros días) la Corte ha investigado, o aceptado investigar hechos que constituyan violaciones graves a garantías individuales, han estado inmiscuidos miembros del tricolor: Rubén Figueroa, de Guerrero; Mario Marín, de Puebla; Enrique Peña Nieto, del Estado de México; y Ulises Ruiz, de Oaxaca.
A los ojos de los fundamentalistas del PRI, la Corte parece haberse agregado a los factores que con mayor lentitud de la necesaria han ido desmontando el poderío incontrastable, y por lo mismo arbitrario del partido que fue hegemónico.
Los restos del Conservadurismo antañón, y el Conservadurismo nuevo temen al Tribunal Constitucional, sea cuando ejerce a plenitud y a cara alzada sus atribuciones jurisdiccionales, sea cuando en sólo un año acepta tres veces ejercer su facultad investigatoria, que por ser excepcional se concreta sólo en situaciones de ese mismo carácter.
Será lamentable, porque afectaría la salud republicana, que la Corte se temiera a sí misma, que puesta de pronto ante la evidencia de su poder, rehusara ejercerlo, reculara en el camino que la conduce a recuperar prestancia, o a adquirirla.
Eso parece haber ocurrido con la deplorable decisión de aplazar la aprobación o rechazo del dictamen informativo sobre el contubernio de Marín con Kamel Nacif contra Lydia Cacho, sorpresivamente asumida el martes. Es lamentable por dos motivos.
El primero es su lógica aberrante: se trata de saber si el trabajo ya consumado, concluido, de la comisión a quien se confió ese caso se ajusta a reglas para la investigación constitucional, que están apenas por emitirse. Y el segundo es la interrupción del trayecto que la Corte trazó en torno de este caso, que partía de la presunción de que Marín en efecto violó la ley.
La nueva ruta, que incluiría un derecho de audiencia que no le fue negado al Gobernador, y que éste ejerció repetidamente, y que desnaturaliza la indagación constitucional (que no es un proceso jurisdiccional en que actúan partes con intereses contradictorios), puede llegar al extremo esbozado ya por el Ministro Mariano Azuela, de pedir perdón a Marín y sus colaboradores, y al impoluto Nacif, porque se les ha tocado con el pétalo de una indagación encabezada por un miembro del más alto Tribunal de la República.
El 14 de febrero de 2006 fue conocido un divertido si no fuera escabroso, interesante si no fuera enfermizo diálogo entre Marín y Nacif, que comprobaba la denuncia de Lydia Cacho sobre la conjura de ambos sujetos en su contra. Ocurrida al día siguiente de la detención en Cancún de la periodista, conducida a Puebla para ser juzgada penalmente allí, la conversación festejaba el éxito de una operación concertada entre el titular del Poder Ejecutivo que movió piezas de la administración y del Poder Judicial, y el solicitante y beneficiario de esa maniobra.
Era tan repulsivo, tan crudo, tan verosímil ese diálogo, tan revelador de los secretos del poder, que las cámaras federales no pudieron sustraerse a la indignación pública que suscitó la plática entre el Gobernador y el financiero de su campaña (título que le permitía obtener favores de ese alcance) y, como queda dicho, cada una en sesión aparte solicitó a la Corte ejercer su facultad pesquisitoria.
El Tribunal solicitó a los órganos legislativos indicios que acreditaran su petición y tras valorarlos, acordó el 18 de abril aceptar la encomienda de las cámaras, que por primera vez en la historia ejercían el papel de impulsar una investigación de este género (pues las únicas veces anteriores en que se desplegó esa atribución, en 1946 y en 1995, se hizo a instancia del Presidente de la República).
"Sería grave, consideró la Corte en esa fecha, que el Gobernador de un estado interviniera en las decisiones del Poder Judicial que debe ser independiente , o de la Procuraduría de Justicia del Estado, que a pesar de la intervención del Gobernador en el nombramiento de su titular recibe sus facultades directamente de la Constitución; sería grave que el Gobierno de una entidad operara con procuradores y juzgadores bajo consignas personales, o que actuaran bajo la negociación de intereses económicos particulares, o bajo el influjo del Gobernador en turno o que las autoridades ejecutoras de las decisiones judiciales dieran tratos específicos, a través del Gobernador, porque todo ello afectaría severamente a la vigencia del Estado de derecho, afectación que no se agotaría en la persona de la periodista detenida".
La Corte designó a dos magistrados para realizar la investigación, que rindieron su informe el tres de julio. Muchos meses después, el 25 de enero de 2007, el Tribunal determinó que la indagación no había sido exhaustiva, porque los comisionados se abstuvieron de averiguar la conducta del Gobernador.
Los comisionados rehusaron considerar la grabación conocida el 14 de febrero, y el pleno corrigió esa interpretación, por suponer que carecía de valor probatorio, lo que hubiera sido correcto en tratándose de un procedimiento jurisdiccional, pero la indagación basada en el 97 no lo es.
Por lo tanto, los ministros resolvieron por mayoría que se ampliara la investigación, incluyendo actos del Gobernador. Fue designada para ello una nueva comisión, integrada por tres magistrados y encabezada por el Ministro Juan N. Silva Meza.
Esa comisión, dijo su director el martes, "hizo uso de todos, sí de todos, los medios legales a su alcance para obtener, como fue instruida por este tribunal pleno, todo medio de prueba que no fuera contrario a la moral y al derecho".
Recibió la declaración de 177 personas; recibió informes de empresas de telefonía y comunicación, practicó diversas inspecciones, conoció copia de expedientes, informes estadísticos y registros de toda clase y concluyó que sí hubo "concierto de autoridades" para agraviar a Lydia Cacho en venganza por haber mencionado a Nacif, protector del pederasta Jean Succar Kuri.
Esa conclusión condujo a la comisión a determinar asimismo que "existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad", víctimas de explotación sexual.
Cuando el pleno se disponía a discutir el informe, que simplemente propone que el Congreso de la unión determine si lleva a juicio político a Marín, y describe los mecanismos que apliquen otros órganos para sancionar a otros responsables, el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo presentó, por boca del secretario general de acuerdos, pues está todavía´convaleciente e impedido de hacerlo por sí mismo, una moción dilatoria que fue aprobada por la mayoría del pleno.
Preocupada la Corte por establecer reglas generales para la indagación constitucional, que se aplicarían por primera vez en el caso de Oaxaca, que está por iniciarse, incurrió en el despropósito de aprobar la propuesta de esperar "a que hayamos terminado de definir el marco correspondiente y entonces procuremos descenderlo a los casos previamente iniciados, como son este y el de Atenco". No aprobó el pleno, todavía, dar vista "a las partes" del informe final, propuesta esbozada también por Gudiño.
El pasado presente._ El 2 de julio de 2000, la fecha en que cumplía 58 años de edad, Vicente Fox ganó la elección presidencial y se convirtió en el primer titular del Poder Ejecutivo que no surgía de las filas del partido oficial, desde la fundación de este en 1929.
Siete años más tarde, cuando se cumple uno de la elección de su sucesor, queda cada vez más clara su intromisión en el proceso electoral, contraria a las normas democráticas que más que nadie él estaba obligado a acatar.
Nacido en el Hospital Español de la Ciudad de México el 2 de julio de 1942, y llevado muy pronto al rancho familiar en San Francisco del Rincón, localidad próxima a León, en Guanajuato, Fox llegó a la edad adulta sin interesarse en la política.
Empleado en la Coca-cola desde el fin de su carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, ascendió en la jerarquía de ese consorcio hasta ser el responsable en México y Centroamérica.
En 1979 se retiró y volvió a la tierra familiar, donde se ocupó sin éxito de revitalizar los negocios agroindustriales ( y la fabricación de botas) de sus hermanos y él mismo.
A fines de 1987 se interesó en la incipiente campaña presidencial de Manuel J. Clouthier, y al año siguiente aceptó ser candidato del PAN a Diputado.
Triunfó pero no fue un legislador asiduo. En cambio, preparó el terreno para ser candidato a Gobernador, en la elección de 1991. Participó, por cierto, en el primer debate en los medios electrónicos entre candidatos de cualquier rango. Convocados por José Gutiérrez Vivó, acudieron a la discusión en Infored (luego Monitor) el candidato priista Ramón Aguirre, el del PRD, Porfirio Muñoz Ledo y Fox mismo.
Le fue arrebatado el triunfo. La movilización que encabezó en son de protesta no consiguió respeto a su victoria pero impidió que Aguirre, beneficiario del fraude alegado por Fox, se sentara en la silla de Gobernador. Lo suplió un panista, tibio y torcido modo del Presidente Salinas de compensar el abuso de que fue víctima el ex directivo de Coca-cola.
Cuatro años después, sin embargo, un segundo intento le permitió ser Gobernador. Entendió esa función como una etapa hacia la Presidencia de la República. La alcanzó al cabo de una campaña que privilegió su campechanía, su sencillez, su condición de político nuevo, distante de los modos acartonados y simuladores de los priistas.
Fue viéndose, en las semanas anteriores al 2 de julio, que no sería Cuauhtémoc Cárdenas, que por tercera vez era candidato de la izquierda, quien encarnara la alternancia sino este empresario fallido que confiaba en la mercadotecnia y se convirtió él mismo en producto a ser colocado entre el público.
Pasó en su rancho de San Cristóbal, vecino del de su madre donde había crecido, la noche del primero al 2 de julio. Al despertar vio que no había agua caliente en el baño y dejó para después la matutina operación higiénica.
Votó en León, desayunó allí con sus hijos y al mediodía estaba ya en la Ciudad de México, en las oficinas centrales del partido que, mal que bien lo había postulado, aunque siempre con serias dudas sobre su militancia y con clara oposición a que dirigieran la campaña, en vez de los líderes partidistas, los Amigos de Fox.
Hacia las 13:00 horas empezaron a circular los primeros resultados de encuestas que anunciaban su triunfo. A las 15:00 horas, su vocera Marta Sahagún le confirmó el dato, corroborado aun por la información procedente de Los Pinos.
A las 19:00 horas el propio Presidente Zedillo telefoneó a Fox para hacerle saber que él, el candidato de la oposición, había vencido. Le ratificó el dato en una nueva llamada poco antes de las 20:00 horas. Hacia las 22:00 horas, el presidente del consejo general del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, dio la noticia oficial: la información preliminar no ofrecía duda de la victoria del aspirante panista.
Zedillo hizo lo propio instantes después, y lo mismo Francisco Labastida, que en ese momento pasaba a la historia como el primer candidato presidencial priista derrotado por la oposición.
Un mes más tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por primera vez sustituía a la Cámara de Diputados en la calificación de la elección presidencial, declaró a Fox formalmente electo.
Tomó posesión en medio del asentimiento generalizado (con un grado de aprobación muy superior al porcentaje de votación con que fue elegido).
Cinco días más tarde asistió a la asunción al Gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador con quien, después de un primer semestre de relación rasposa, lograría un entendimiento que duró hasta que crecieron las posibilidades del perredista de ser candidato presidencial y las ganas de la señora Fox de serlo también. Fox combatió desde entonces al Jefe del Gobierno capitalino hasta impedirle ganar la Presidencia.