Gilberto Yáñez
Recientemente escuché en un grupo de amigos, comentarios negativos al transporte urbano de nuestro estado, tanto en lo relativo a los autobuses como el que se presta por medio de taxis y otros vehículos como las pulmonías y las bronquitis de Mazatlán. Mal servicio, altas tarifas, exceso de velocidad, descortesía de los choferes y el desprecio hacia el público, sobre todo de los transportes colectivos urbanos, cuyas deficiencias y abusos son historias cotidianas.
La conclusión de la plática era evidente: es indispensable eliminar las "concesiones" a transportistas colectivos y a taxistas, porque son la causa de los abusos y del mal servicio.
Por supuesto, el comentario unánime fue que el Gobernador López Valdez ofreció en su campaña electoral cambios en Sinaloa que no se han realizado y en lo que respecta al transporte público, los problemas han empeorado con la difícil situación económica derivada del aumento en los impuestos promovido por el Gobierno de Peña Nieto, con ayuda del PRD. Cuando menos el PAN no votó a favor del incremento fiscal, aunque su oposición no fue difundida adecuadamente a los ciudadanos y ningún diputado panista en el Congreso de Sinaloa ha promovido lo que es evidente e indispensable: liberar el transporte público de Sinaloa y que cualquier persona que cumpla los requisitos legales, pueda prestar el servicio de transporte colectivo y el de taxi.
Garantizar los daños a terceros y a los pasajeros, buen estado exterior y mecánico de los vehículos, aire acondicionado obligatorio indispensable en el verano sinaloense, competencia en las tarifas de un servicio público indispensable y cotidiano y la atención cortés al público y a la seguridad, con velocidad moderada que reduzca el número de accidentes lamentables, son los elementos que los ciudadanos señalan como indispensables. Si la vigilancia de los oficiales de tránsito es nula por su evidente escasez, la competencia de transportistas seguramente sería un incentivo para mejorar la atención a los pasajeros.
Lamentablemente, los 10 últimos gobiernos de Sinaloa, sin excepción, -todos del PRI con excepción del actual- en los últimos 60 años han despreciado la atención a los ciudadanos en el servicio público de transporte y han privilegiado el control político electoral de los transportistas, en perjuicio del bienestar de los usuarios. Las concesiones al transporte público aseguran para el PRI los votos de cuando menos los propietarios de los vehículos beneficiarios de la concesión y por rebote, la posibilidad de influir en los choferes, ahora todos empleados de los concesionarios, convertidos en empresas mercantiles que se benefician de lo que en un tiempo fue una ayuda social importante para quien ahorraba y compraba un vehículo para servicio público.
La aparente justificación de las concesiones para el transporte público en Sinaloa y muchos otros estados se originó con el interés de proteger a los choferes propietarios de los vehículos de transporte público, quienes en aquel tiempo eran los choferes de sus propios vehículos comprados con la mezcla de ahorro y de créditos de los bancos locales. Al mismo tiempo, los beneficiarios de las concesiones se convertían en votantes del PRI, agradecidos por la concesión y por los beneficios económicos evidentes que se derivaban de ellas.
Los choferes concesionarios se convirtieron en ciudadanos de clase media, con bajos impuestos y trato especial del gobierno estatal en turno, a cambio de su voto al PRI en las elecciones locales y federales. Con el tiempo, cada concesionario compró más de un vehículo y se convirtió en empresario con choferes empleados, que en condiciones laborales ilegales en cuanto la duración de la jornada y la falta de prestaciones laborales, formaron lo que ahora el público usuario del servicio denomina "el pulpo del transporte" de cada ciudad del país y desde luego, de Sinaloa, donde los abusos son mayores.
El exceso de velocidad en ciertas horas es característica de que el vehículo es conducido por un "chambero", empleado del concesionario.
El cambio ofrecido por el Gobernador López Valdez en su campaña electoral nunca llegó en los tres años y medio ya cumplidos de su gobierno y en opinión unánime de los presentes en la reunión aludida -casi todos usuarios del transporte público- el servicio público de transporte en Sinaloa es malo, caro y peligroso, en perjuicio del público, víctima de la credulidad en el período de campaña electoral. El voto por el ahora Gobernador, dicen los ciudadanos, fue un intento inútil de cambiar las cosas favorablemente para los usuarios cotidianos de un servicio público indispensable.
Sin duda, los servicios de transporte que prestan en algunas ciudades los mismos gobiernos estatales o municipales es peor que el que tenemos en Sinaloa, pero sin duda mejoraría en nuestro estado si los empresarios transportistas tuvieran competencia en cuanto a la calidad, seguridad y precio de sus servicios. Las personas que trabajan diariamente, los estudiantes y quienes deben usar el transporte colectivo o los taxis de Sinaloa, se quejan de la baja calidad del servicio y de la evidente complicidad del gobierno estatal, que nada hace para mejorar un servicio básico para los ciudadanos.
Peor aún son las quejas de los ciudadanos que tienen accidentes en los que intervienen vehículos de transporte público, por la flagrante complicidad de los policías de tránsito y de los agentes del Ministerio Público de Sinaloa, cuando es evidente la culpabilidad en el accidente del chofer del vehículo de transporte público. Peritajes amañados, intimidación a la víctima y sobre todo, la corrupción evidente que todo sinaloense sabe que existe en perjuicio del ciudadano común y corriente, cuando el causante del accidente es un vehículo de transporte público. El Gobernador puede cambiar las cosas. Aún es tiempo y seguramente lograría el aplauso y la buena voluntad de los usuarios del servicio público y de todos los ciudadanos si lo hace. El siguiente paso sería convertir a los policías preventivos y de tránsito en personas honestas,bien pagadas, que protejan a los ciudadanos.
