"Calderón anunció la creación durante 2008 de 15 universidades tecnológicas. Eso significa crear en sólo un año, la cuarta parte de un sistema que se ha venido construyendo desde 1991"
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Dinero para universidades
No sé si llevado por un arrebato, de los que afectaban a Luis Echeverría, de cuya boca brotaban irreflexivas promesas, el Presidente Felipe Calderón anunció la creación durante 2008 de 15 universidades tecnológicas.
Eso significa crear en sólo un año, la cuarta parte de un sistema que se ha venido construyendo desde 1991 y que ahora suma 60 establecimientos.
Creado por el Secretario de Educación Manuel Bartlett bajo el Gobierno de Salinas, el sistema de universidades tecnológicas, con carreras de corta duración, dos años, y atención a las necesidades comarcanas, se fundó en ese periodo presidencial con siete planteles, que crecieron hasta 44 en el siguiente y a 60 en el primer Gobierno panista.
Es decir, han sido establecidas cuatro universidades por año, en promedio, con lo que el anuncio presidencial, formulado anteayer en Villahermosa haría que casi se cuadruplicara ese ritmo el año próximo.
Salvo que la oferta obedezca a planes maduros y con financiamiento asegurado, parece más una ocurrencia que el anuncio de una acción de gobierno.
Por lo pronto, no hay congruencia entre ese propósito y la escasez de recursos para la enseñanza superior que deploró, el 8 de octubre apenas, el consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que reúne a 145 establecimientos de ese nivel, que atienden a 82 por ciento de la matrícula correspondiente y donde se realiza el 92 por ciento de la investigación en el país.
Los rectores conocieron el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado hace un mes por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados, y no les gustó. Lo dijeron de modo comedido, circunloquialmente:
El consejo nacional "manifiesta su preocupación por el proyecto de presupuesto presentado para las instituciones de enseñanza superior contenido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, puesto que los montos propuestos no muestran una tendencia favorable para alcanzar una inversión federal en educación superior equivalente al 1 por ciento del producto interno bruto, al situarse únicamente en el 0.61 por ciento.
"Asimismo, el proyecto resulta insuficiente para llegar a la meta planteada en cobertura con calidad y equidad, la consolidación de la planta académica, el mejoramiento de la infraestructura y el desarrollo de los proyectos de investigación y difusión de la cultura".
De acuerdo con los rectores, ese proyecto "no cumple las expectativas generadas en las instituciones de enseñanza superior", por lo que solicitan que "se reconsidere destinar como mínimo la cantidad de 15 mil millones de pesos adicionales al monto propuesto". Y señalan qué palabras, dichas por quién, suscitaron esas expectativas:
"Fortalecer el financiamiento público a la educación superior y a la ciencia y la tecnología fue compromiso contraído por el entonces candidato a la Presidencia de la República Lic. Felipe Calderón Hinojosa durante la 37 sesión ordinaria de la asamblea general de la ANUIES, en Veracruz, Veracruz (31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006), mismo que fue ratificado como Presidente electo y posteriormente como Presidente constitucional."
Ni el propio Calderón ignora que falta a su palabra en este rubro (aunque por supuesto se abstenga de reconocerlo así de explícitamente).
El mismo día en que fue presentado el Proyecto de Gasto Público a la Cámara, 8 de septiembre, y mientras se encontraba en Australia, reconoció que el presupuesto presentado era insuficiente en varios rubros, entre ellos el de educación superior.
Deseó que la Reforma Fiscal, en trance de aprobación entonces, ofreciera mayores recursos para remediar tal deficiencia. Aunque la reforma fue aprobada no parece haber sido en grado bastante para mejorar la asignación a este ramo, o si se hizo no se ha comunicado ese hecho a los responsables de la educación superior.
Con la información de que disponen, los rectores se preparan para emprender el rutinario y fatigoso camino, que recorren anualmente, de obtener de la Cámara el incremento solicitado o por lo menos una alta proporción del mismo.
La cifra fijada en el documento presidencial establece casi 58 mil millones de pesos (57 mil 960) para las universidades, que con los 15 mil adicionales que los solicitantes estiman necesarios aliviaría la siempre endeble, precaria salud financiera de las instituciones de enseñanza superior.
El año pasado lograron que los diputados acrecentaran en poco más de 8 mil millones la partida asignada, con lo que se caminó del 0.51 al 0.58 por ciento del PIB.
La creación de las universidades tecnológicas, a las que una vez más parece que se dará prioridad obedeció no únicamente a consideraciones académicas o al propósito de propiciar el desarrollo regional.
También fue una proclama en los hechos contra el modelo de universidades autónomas (aquellas no lo son), proclives según sus detractores al desorden y al dispendio y susceptibles a aislarse en sí mismas sin conectarse con la sociedad y sin rendirle cuentas. Puede que se conviertan, además, en focos de poder en sí mismas.
Es cierto que siendo los recursos financieros disponibles menores que las necesidades a satisfacer y que por ello es preciso establecer prioridades. Pero la asignación de tales recursos no debe depender de situaciones políticas, que a menudo conducen a sesgos ideológicos y partidarios que no son criterios deseables.
