Uno de los más pesados lastres con que carga nuestro sistema político es sin duda lo que se ha denominado como "chapulineo político", que no es otra cosa que el salto de un cargo de elección a otro, y que, sobre todo en el caso de los alcaldes, además de que provoca una parálisis administrativa en las comunas, crea también un desencanto en amplios sectores de la población por el hecho de que quedan inconclusos los compromisos de campaña.
En el proceso electoral que está de hecho en marcha, ha vuelto a presentarse este fenómeno lastrante, que muestra de cuerpo entero el oportunismo de no pocos funcionarios y políticos, que corta de tajo las expectativas que amplios sectores de la población se crearon en el momento de decidir darles la responsabilidad de un encargo, y enrarece además el ambiente político, al que son muy sensibles las actividades productivas, pues paraliza con frecuencia proyectos e inversiones.
El caso específico de Mazatlán, donde el Alcalde Alejandro Higuera, de manera hasta cierto punto irresponsable, estuvo manifestando públicamente durante varios días su indecisión sobre si renunciaría o no a la Alcaldía, para finalmente salir con que no se va, obliga sin duda a que se establezcan candados que eviten que cuestiones como esas metan en una dinámica riesgosa a las comunidades a las que sirven esos funcionarios o legisladores "chapulines".
El servicio público es por naturaleza una actividad noble y por lo mismo debe dejar de vérsele como un rico filón al cual se le pueda sacar todo el provecho posible para beneficio personal o de grupo.
No debe pasarse por alto que los servidores públicos deben lealtad a las instituciones para las que trabajan, y esos 'brincoteos' de cargo en cargo son nugatorios del compromiso contraído en las urnas.