"Codicia y corrupción se juntaron para pretender un ingreso ilícito, quizá a partir de la comodina y certera posición de que Salinas de Gortari preferiría pagar la exorbitante suma, para obtener el silencio de los informantes."

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Los adelantos de la investigación relativa al asesinato de Enrique Salinas de Gortari muestran factores preocupantes sobre el funcionamiento de las instituciones y los valores prevalecientes en la sociedad. No es el caso de hacer una prédica moralista, pero el que hayan pretendido extorsionar a la víctima del homicidio del 5 de diciembre personas de su entorno personalísimo y miembros de la autoridad, no puede menos que reclamar nuestra atención. Hace poco circuló en la red un mal chiste, una caricatura sobre los abogados, quizás con motivo de su día, celebrado el 12 de julio. Era un instructivo para descubrir el talante de un profesional del derecho al que se acude en busca de auxilio jurídico. Debe llevarse consigo un gato, y si al entrar al despacho correspondiente el animal sale huyendo, temeroso, es que el abogado de marras es un perro.Y si, al contrario, se adentra con celeridad en la oficina, en busca de una presa, es una rata. El chiste sería injusto si contuviera una descripción sociológica del desempeño profesional de la abogacía. Pero en sus extremos ridículos, a los que no pertenecen los graduados en derecho que cumplen sus deberes de asistir con su jurispericia a su clientela, cabe el buen número de malos litigantes o asesores que justifican el mal deseo expresado al esperar, con dolo, que entre abogados te veas. El de Salinas de Gortari había sido contratado para impedir que se consumara una extorsión en su perjuicio y, de creerse a la acusación ya confirmada en principio por un juez, en vez de evitarla se sumó a ella. Asombra la cantidad de dinero requerida con avidez por los agentes de la Federal de Investigación y el abogado Mariano Flores Arciniega a Salinas de Gortari. Casi tres millones de dólares. Casi la mitad de una suma, siete millones de dólares, que había congelada en una cuenta suiza y que le fue liberada. Según su convenio de divorcio con Adriana Lagarde, cuando eso ocurriera, cuando pudiera disponer de esa cifra, ella recibiría dos millones de dólares. Cuando la autoridad helvética liberó esa suma, parece que Salinas de Gortari se abstuvo de asumir su compromiso, y eso lo colocó en frágil situación. Su abogado la conocía y, en vez de blindar jurídicamente la posición de su cliente, debe haberse hecho el razonamiento de que no estaría mal que del enorme pastel representado por esa suma, una tajada fuera para él y para los miembros de la AFI, que en vez de cumplir la ley la infringieron. Ya no es lícito ni posible indagar sobre la fortuna de Enrique Salinas de Gortari. Pero si tenemos presente el tiempo que dedicó a la industria de la construcción, la tasa de ganancia que el mercado otorga a esa actividad, los bienes que personas en similares condiciones pueden amasar en ese lapso, es claro que Salinas de Gortari gozó una situación excepcional, al poder ahorrar, no sólo recibir como ingresos ni sólo como utilidades, una suma que a la paridad vigente representaría cerca de ochenta millones de pesos. La suma se volvió apetecible para más de uno de los participantes en el delito que, intencionalmente o no, culminó en un asesinato; y justo participar de ella. Están presos, aprehendidos por orden judicial como Flores Arciniega, y eventualmente procesados, dos agentes judiciales. Quizá algunos de sus jefes formales, u otras personas con autoridad en la Procuraduría General de la República cuando la encabezaba el General Rafael Macedo de la Concha, estén en similar situación. Recibieron orden de cumplir el pedido de una autoridad extranjera, localizar a Salinas de Gortari, porque no obstante la liberación de sus cuentas en Suiza, en Francia está abierto el expediente para averiguar el origen de aquella fortuna, algo que en México tiene sin cuidado al gobierno, como si supiera de dónde vino su dinero, si no la produjo su actividad profesional como ingeniero. Hicieron lo que una indagación tan sencilla demandaba. Fotografiaron la casa de la persona buscada, es decir la localizaron y, eso no obstante, informaron al Gobierno de París que había sido imposible conocer el paradero del sujeto cuya localización se solicitaba. Y en paradoja tenebrosa, cursaron ese informe la noche del lunes 6 de diciembre, unas horas después de que el cadáver de esa misma persona había sido descubierto en una colonia conurbada con la Ciudad de México, hallazgo del que supieron los mismos informantes. Codicia y corrupción se juntaron para pretender un ingreso ilícito, quizá a partir de la comodina y certera posición de que Salinas de Gortari preferiría pagar la exorbitante suma, para obtener el silencio de los informantes antes que denunciarlos y al mismo tiempo denunciarse él mismo, cuidadoso como en apariencia debía estar de que no se supiera que era, de nuevo, dueño de siete millones de dólares. Dispuesto a pagar, en vez de parapetarse tras los muros del derecho, acaso porque no se sentía legitimado para hacerlo, Salinas de Gortari viajó a Monterrey para obtener de un empresario, que se la guardaba, la cantidad que debía pasar de sus manos a otras con la misma simpleza con que había sido recibida originalmente. Esa peculiar manera de manejar a la palabra tan gruesas sumas de dinero era, por lo que se sabe, el modo de operar de los hermanos Salinas de Gortari. Raúl prestó 29 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, quien más de una década después no ha saldado ese crédito, al paso que el propio Raúl no devuelve los que nobilísimos amigos suyos le confiaron.