"Como nadie en los medios electrónicos, Carmen Aristegui encaró con dignidad y acusado profesionalismo los dilemas que ha planteado la crispación social presente en México desde 2005"

Gestionan

Por la libertad de expresión

El primero de noviembre de 2003, un badulaque impidió a Carmen Aristegui transmitir el noticiario del mediodía, del que ella era responsable en el Grupo Imagen. Culminó así, con la salida de los dos primeros, un litigio en que Carmen y Javier Solórzano, por un lado, y Pedro Ferríz de Con por el otro, sostuvieron visiones encontradas sobre el trabajo informativo que desarrollaban juntos desde años atrás.
Un motivo semejante, incompatibilidad entre concepciones editoriales, ha sido invocado para explicar por qué la periodista más completa de los medios electrónicos dejó de conducir, a partir del viernes, la emisión matutina del noticiario Hoy por hoy, que transmite XEW.
La empresa que maneja esa emisora pionera en el, cuadrante explicó que no hubo posibilidad de acuerdopara incorporar a Carmen Aristegui a un nuevo modelo de organización y trabajo que se viene implantando en W radio, basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural.
Nadie creerá, sin embargo, que la autora de Uno de dos, un libro que recoge sus entrevistas con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, es renuente al trabajo en equipo y no ejerce el derecho a la información plural.
Por lo contrario, a lo largo de su carrera ha mostrado su apego a principios profesionales como esos, que en el último lustro, y especialmente desde que le fue confiado el noticiario matutino se hicieron más perceptibles que nunca y la colocaron en un lugar de privilegio en la información radial mañanera.
Y es que, como nadie en los medios electrónicos, Carmen Aristegui encaró con dignidad y acusado profesionalismo los dilemas que ha planteado la crispación social presente en México desde 2005.
Para los intereses dominantes en la comunicación y el poder político, la gallarda posición y la radical independencia de la periodista resultaban, esas sí, incompatibles con su propósito de alinear la información de gran alcance a una visión conformista de lo que ocurre en nuestro país.
Disfrazado de un diferendo meramente contractual, al silenciar a Carmen Aristegui los consorcios que manejan la W asestaron un golpe a la libertad de expresión en México. No resulta extraña esa conducta en Televisa, la parte local del acuerdo sobre el que opera la emisora fundada en 1930. Pero contradice abiertamente los principios que permitieron el desarrollo de El País, primera piedra del sólido edificio que es hoy Prisa, la parte española de tal acuerdo, un diario que desde el temprano posfranquismo ha probado que las libertades de prensa y de empresa no sólo no se excluyen sino que se complementan.
A primera vista, el alineamiento de Prisa con su socio mexicano parece una mala decisión de negocios, pues ninguna empresa se deshace de uno de sus activos principales, lo que es admitido por la X, que reconoce la dedicación y profesionalismo de la conducta a la que despide, lo mismo que agradece su trabajo y calidad profesional.
Sin embargo, tal vez se trata de una decisión estratégica, encaminada a fortalecer la posición del consorcio de la familia Polanco ante el Gobierno mexicano, en la misma dirección que lo llevó a contratar los servicios de José Ignacio Zavala, cuñado del Presidente Calderón.
En la oficina presidencial generaba irritación creciente la conducta de la comunicadora, de la que torpemente se esperaba una actitud solidaria como si el antiguo partido de oposición, que necesitó y obtuvo de ella espacios para su desarrollo fuera el mismo partido que hoy está en el poder.
El mismo día en que concluyó su trabajo en XEW, Carmen Aristegui instaba en su artículo del diario Reforma a un grupo de intelectuales a identificar con mayor acierto las fuentes y la naturaleza de los riesgos que acechan a la libertad de expresión.
Es de esperarse que, al menos respecto del que al actualizarse ha acallado a la periodista en su ejercicio radiofónico, esos intelectuales tengan una palabra que decir, como la que han expresado en su enfoque, en mi opinión errado, sobre una de las consecuencias de la reforma electoral aprobada el año pasado con asentimiento casi general.
En la misma línea que las principales agrupaciones empresariales, 18 personas relevantes en la esfera pública, con presencia en los medios de información, solicitaron el 20 de diciembre el amparo de la justicia federal específicamente contra el tercer párrafo de la fracción 3 del nuevo Artículo 41 de la Constitución. Al cabo de un bien imaginado y mejor construido alegato que se encargó formular a Fabían Aguinaco, ex presidente de la Barra mexicana, Colegio de abogados y heredero de la sapiencia jurídica de su padre, ministro jubilado de la Suprema corte de justicia de la nación, que presidió en los cuatro primeros años de su nueva y actual época, los quejosos concluyen que el texto legal impugnado muta los valores superiores que vertebran el régimen democrático deliberativo que consagra la Constitución de 1917 y que por añadidura, merced a no pocas deficiencias e incongruencias que señalan, el órgano revisor del texto constitucional, al que antaño uno se refería como el constituyente permanente, carece de facultades para hacerlo.
Una semana después, un juez federal desechó por notoriamente improcedente la demanda de los 18 quejosos, que al solicitar la revisión en el juicio de garantías esperan que la realice no un tribunal colegiado como es normal, sino la propia Suprema corte de justicia. Lo mismo, demanda, desechamiento y esperanza de que el tribunal constitucional se ocupe del caso y elimine el texto cuestionado, ha ocurrido con las promociones de ochenta organismos empresariales (la mayor parte de ellos delegaciones de Coparmex, que tienen personalidad propia como centros patronales.
La primera de esas solicitudes desestimadas por la justicia federal fue presentada por el Consejo coordinador empresarial, que al hacerlo se mostró como directamente causante de la adición legislativa que ha generado esas inconformidades.
El texto impugnado es complemento de la prohibición de comprar espacios de propaganda electoral, impuesta a los partidos políticos. Era indispensable, para evitar simulaciones y campañas paralelas, como la que el CCE protagonizó en 2006, que esa disposición fuera ampliada y adquiriera carácter general: Ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Que sepamos, ninguno de los 18 quejosos a que nos referimos se ha dedicado, y suponemos que tampoco piensa dedicarse, a comprar espacios en radio y televisión para realizar propaganda política. No son brockers cuya actividad esté siendo vedada. Esa eventual conducta les queda prohibida, pero no el ejercicio que la mayor parte de los demandantes realiza en sus espacios públicos. Se proscribe una cierta clase de mensajes, como se eliminaron de las pantallas de televisión los que favorecen el consumo de tabaco y debieran suprimirse los de otros tóxicos, como las bebidas alcohólicas. No hay en ello agravio a la expresión libre, como no la hay a la libertad de comercio al perseguirse el tráfico de estupefacientes.
Aun si no hubiera otros motivos, el amparo promovido por Héctor Aguilar Camín, Paco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Gerardo Estrada, Jorge Fernández Menéndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León, Miguel Limón Rojas, Federico Reyes Heroles, designado representante común de los quejosos, Ángeles Mastretta, José Roldán Xopa, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman, Isabel Turrent y Ramón Xirau, sería improcedente porque no es verdad que la reforma afecte su derecho para acceder a los medios de comunicación masiva con igualdad y equidad ni el de crear espacios para la deliberación pública bajo (sic, en vez de sobre) una base razonable de igualdad y sin ninguna coerción. Tampoco se les ha restringido su garantía de expresión y deliberación frente a los partidos políticos ni el derecho a crear una opinión pública crítica y democrática. A ellos no. A Carmen Aristegui sí, por una decisión empresarial empujada por intereses políticos.

El pasado presente

El 8 de enero de 1958, martes se cumplirá de ello medio siglo, fue internado en una cárcel de Jalpa, Zacatecas, por el solo delito de ser candidato de la oposición a la Presidencia de la República, el entonces joven empresario chihuahuense Luis H. Álvarez. Cincuenta años después, preside la Comisión nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el segundo Gobierno encabezado por un panista, lo que él buscó hacer al aceptar su postulación cinco décadas atrás.
En sus memorias el propio Álvarez recuerda que en enero de 1958, en Fresnillo, Zacatecas, un vehículo irrumpió y se lanzó en contra de la gente que ocupaba una calle donde celebramos nuestro mitin. Lo intempestivo del caso no dio tiempo de pensar lo que convendría hacer. Rápidamente brinqué de la tribuna y me lancé en persecución del autoLogré darle alcance y pude introducir mi brazo y tomar por el cuello al conductor
Días después, en Jalpa, en el mismo estado, se llevó a cabo un mitin que presentaba, desde antes de su inicio, signos de tormenta. Arribamos por la tarde a la plaza donde habría de llevarse a cabo la manifestación política pero, previamente, se habían instalado altavoces en establecimientos comerciales que impedían a los oradores del PAN ser escuchados. Pretendían acallar nuestras voces con melodías estridentes.
Al micrófono, Hugo Gutiérrez Vega alzaba la voz para afirmar que la verdad es más fuerte que cualquier ruido que quisiera opacarla. Los simpatizantes de nuestra candidatura reclamaban a las autoridades facilidades para la realización del mitin y acudieron a los locales para solicitar a sus propietarios o encargados que desconectaran las bocinas. El dueño de uno de los comercios dijo, sin pudor alguno, por magnavoz, que defendía a su candidato, Adolfo López Mateos. Ante las protestas, acudieron al lugar el comandante de la Policía Municipal, un tal Miguel Flores, y uno de sus agentes. Ambos con pistola en mano y en una escena surrealista, el segundo llevaba además en la mano izquierda un látigo. El jefe policiaco nos dijo, burlón: El pueblo los quiere tanto que los recibe con música. En medio del torbellino de la gente que nos rodeaba, vi que un policía encañonaba con su pistola a Hugo Gutiérrez Vega. Me enfrenté al empistolado y le dije: Si usted va a aprehender a alguien, hágalo conmigo, que yo soy el candidato.
Al escuchar eso, Miguel Flores me pidió que lo acompañara a la comisaría, ubica en la Presidencia Municipal. Allí fui llevado ante el agente del Ministerio Público, de nombre Fidel Reynoso, pariente del cacique zacatecano Leobardo Reynoso. Me acompañaba Ignacio González Luna Morfín, hijo de son Efraín.
"El agente ministerial nos interrogó y yo le subrayé que el origen de todo el incidente era que pretendía boicotearse nuestro mitin con la estridencia de un equipo de sonido, y le pregunté qué podría sugerir para resolver la situación. Encogiéndose de hombros me respondió:Si ustedes puede, ¡cállenlos!. La respuesta cínica me hizo contestarle exaltado: ¿Usted, una autoridad, me sugiere eso? El que debería callar es usted, porque se ve que no conoce las leyes ni por el forro. De inmediato, el comandante municipal, muy indignado, espetó: No puedo permitir que ante mi se ofenda a las autoridades. Y encañonándonos con su pistola nos registró a Ignacio González y a mí para ver si portábamos armas y nos condujo a la cárcel.
Ya en la celda se nos explicó el motivo de nuestra detención: Aquí jamás ha venido un candidato presidencial del PRI. No vamos a permitir que usted, que pertenece a la oposición, sea el primero en hacerlo.
Afuera, Hugo Gutiérrez Vega se mantenía al frente de nuestros simpatizantes y advertía a viva voz que nadie se moviera del lugar hasta que fuéramos liberados. Subrayó, con su voz firme, ya de poeta: la fuerza está en nuestras manos y el derecho de nuestro lado, e invitó al pueblo a ponerse frente a la presidencia municipal para esperar una solución satisfactoria de las autoridades o para tomar la sede del gobierno local como protesta.
Es probable que la noticia haya llegado inmediatamente a Gobernación, pues no había transcurrido mucho tiempo cuando el mismo tipejo que nos había encarcelado, abriendo la reja, nos conminaba en forma grosera a abandonar la crujía: Antes de salirnos, exijo que venga el alcalde a darme una satisfacción por lo ocurrido, señalé ante los periodistas que registraron y difundieron el hecho. Luego de salir de la cárcel supe que un regidor local, Francisco Llamas, en un gesto encomiable, al enterarse de la injusticia que se había cometido en contra nuestra, se había presentado al Palacio Municipal para sugerir ocupar nuestro lugar en la cárcel a cambio de nuestra libertad. El caso es que cuando salimos de nuestra prisión, nos encontramos a Hugo Gutiérrez Vega al frente de una multitud que se dirigía ya a exigir nuestra libertad. Fuimos recibidos con vivas y aplausos.