"Con la llegada al poder de Felipe Calderón, el tráfico de influencias obtuvo carta de naturalización"

Saúl Valdez / Fernanda González

La vigencia de los poderes fácticos es una realidad que socava, al igual que el incremento exponencial de la violencia adosada al crimen organizado, las estructuras políticas del Estado mexicano.
Como es ya común reconocer, el fin del presidencialismo autoritario no devino en cabal democratización del sistema político, sino en un apuntalamiento generalizado de los cacicazgos regionales, por fin a sus anchas sin la zozobra que les provocaba llegar a mal enquistarse con el otrora todo poderoso señor Presidente, virtual héroe sexenal de la Patria.
Los gobernadores buscaron llenar el hueco dejado, asumiendo su condición de jefes naturales del partido al que pertenecen, ejerciendo su influjo meta jurídico para controlar a los diputados locales, incluso si no son de su partido, del mismo modo que sobre los legisladores federales por el estado que gobiernan.
Para obtener canonjías y hacer grandes negocios al amparo del poder político ya no fue necesario el visto bueno de Los Pinos ni, por tanto, el característico peregrinaje al DF para pedirlo.
Semejante descentralización del poder, incentivada por la rebelión zapatista y el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, así como por la magna crisis económica que estalló a fines de ese año, ha favorecido el desarrollo de poderes paralelos al Estado, siendo cada vez más difícil advertir restos de la autonomía relativa que llegó a tener el Gobierno federal frente a los grandes grupos empresariales, lo mismo que con relación a Washington.
La alternancia en el poder aceleró la consolidación profundizó la corrupción a través del tráfico de influencias para asignar contratos, con licitación o sin ella, a los empresarios favoritos del régimen.
El de Fox fue un sexenio de colosales negocios privados con dinero público, que llevó a peldaños superiores la proverbial corrupción a la mexicana, consagrando un régimen de privilegios en beneficio, sobre todo, del gran capital extranjero y nacional.
Con la llegada al poder de Felipe Calderón, el tráfico de influencias obtuvo carta de naturalización. Ya no se trata sólo de ejecutar políticas públicas en beneficio de un puñado de privilegiados ni de beneficiar directamente a la familia presidencial, como ocurrió durante el sexenio de Fox, con sus hijastros.
Lo que observamos va mucho más allá, pues Calderón no tuvo empacho en nombrar a Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación, pese a su historial como representante legal de una empresa familiar contratista de Pemex, al par que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, primero, y subsecretario de la Secretaría de Energía, después.
No deberíamos subestimar el mensaje que con tan desafortunado nombramiento se envía desde la cima del poder político en un país habituado por décadas a la corrupción e impunidad.
Todo llevar a suponer que llegó la hora para que empresarios contratistas del Gobierno escalen las más altas esferas en el aparato del Estado y velen directamente sin mediaciones estorbosas por la salvaguarda de sus intereses mal habidos.
Siguiendo esa misma política de favorecer los intereses creados, aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 16 de septiembre, los requisitos que los concesionarios de radio en Amplitud Modulada, AM, deberán llenar para acceder a la Frecuencia Modulada, FM, en el marco del proceso de transición a la tecnología digital.
Contraviniendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se declaran inconstitucionales diversos aspectos esenciales de la llamada Ley Televisa, como el refrendo de las concesiones a perpetuidad y la asignación de frecuencias en el espectro radioeléctrico sin licitación pública.
En el susodicho acuerdo publicado, paradójicamente, en día festivo, como buscando pasar desapercibido lo más posible, la Secretaría de Gobernación deberá dar el visto bueno a los empresarios de la radiodifusión en AM que deseen la conversión tecnológica a FM con estaciones espejo. Obligándolos a trasmitir al menos por un año en las dos frecuencias. Se busca así que los concesionarios mantengan sus estaciones de AM sin que ello los prive de acceder a la tecnología digital. Un negocio redondo.
El acuerdo-decreto de marras, da al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, un basto poder discrecional para negociar tras las bambalinas del poder con los empresarios de la radiodifusión de cara a los comicios federales y 13 elecciones locales concurrentes del próximo año. Más aún si se tiene en cuenta que las estaciones de AM operan en casi 100 por ciento del territorio nacional, llegando a las más apartadas rancherías.
Ante la prohibición que la nueva legislación electoral establece para compra de publicidad con carácter político electoral a los partidos, el Gobierno y los particulares, en Los Pinos se buscan soluciones "creativas" para que el partido en el Gobierno sea favorecido en los noticieros y otros programas de radio, entrevistas, mesas redondas, reportajes, etc.,.
Aunque en el acuerdo de la SCT se establece que los empresarios de la radio en AM deberán pagar una contra prestación por el cambio a la tecnología digital, es importante precisar que el título de concesión de las estaciones de radio en FM tiene un costo de 8 mil pesos, cifra irrisoria ante un negocio que reditúa millones de pesos.
De tal suerte que, como advierte el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral, los mismos empresarios que ya se benefician con frecuencias de radiodifusión serán quienes puedan acceder a esa nueva prerrogativa, en beneficio de los grandes grupos empresariales radiofónicos, los cuales "se llevarán 222 estaciones de FM, adicionales a las que ya tienen en AM".
El Presidente Felipe Calderón hizo suya la principal demanda de los empresarios radiofónicos, esto es, que el acceso a Frecuencia Modulada se limite a los concesionarios actuales, excluyendo por encima de la Constitución a quienes deseen incursionar como empresarios en el medio.
Puesto que el espectro radio eléctrico es un bien de dominio público, el Gobierno de Felipe Calderón no puede, por tanto, proceder a la asignación de estaciones de radio en FM sin licitación pública o restringiendo ésta a los concesionarios actuales.
Salta a la vista, por lo mismo, la virtual alianza de Felipe Calderón con los grandes concesionarios de radio y Tv.

dmartinbara@hotmail.com