"Dada la abismal disparidad de la economía mexicana respecto a las economías de Canadá y EU, lo cual se torna mucho más visible en el sector agropecuario, al menos 3.5 millones de campesinos mexicanos enfrentan una situación desesperada"

Saúl Valdez / Fernanda González

Conforme al TLCAN entre México, EU y Canadá, el primer día del año 2008 se completó la desgravación arancelaria del maíz y el frijol, los dos cultivos más sensibles, con raigambre milenaria, en el empobrecido campo mexicano, cuyas cosechas son de vital importancia para el sostén de millones de mexicanos.
Del mismo modo, azúcar y leche en polvo tampoco pagarán ya arancel alguno. Aunque en 2007 se había alcanzado 90 por ciento de la desgravación arancelaria de esos cuatro productos, no por ello la inconformidad de la población rural afectada es menor.
Dada la abismal disparidad de la economía mexicana respecto a las economías de sus poderosos vecinos, lo cual se torna mucho más visible en el sector agropecuario, sobre todo en relación a los costos de producción en cultivos básicos como maíz y frijol, y sus correspondientes subsidios estatales que en EU y Canadá superan por amplísimo margen los que el Estado mexicano otorga a sus productores agrícolas, al menos 3.5 millones de campesinos mexicanos enfrentan una situación desesperada. No están en condiciones de resistir por mucho tiempo la competencia de los productores agrícolas del norte anglosajón.
La situación en el agro tiene hoy, por tanto, más dinamita que nunca desde el estallido de la revolución mexicana en 1910, si bien es indudable que la avalancha migratoria hacia EU, sobre todo a lo largo de los 14 años que tiene de vigencia el TLCAN, cuya cifra alcanza 4.5 millones de personas, en su mayoría provenientes de las zonas rurales y sub rurales del país, ha servido virtualmente para evitar estallidos sociales en México.
Asumiendo con optimismo poco sustentable la perspectiva del vaso medio lleno, el titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas, insiste en que el saldo es positivo, pues "el TLCAN abrió múltiples oportunidades dando acceso a un mercado regional de 430 millones de personas".
Es obvio, el ex Gobernador de Jalisco no está pensando en los millones de mexicanos que subsisten precariamente con sus cultivos tradicionales de maíz y frijol. Su visión burocráticamente alegre sobre el desempeño del campo a partir de la entrada en vigor del TLCAN, choca con un desolador panorama social en el agro, donde 20 millones de compatriotas yacen permanentemente en la pobreza extrema, cuya existencia omite el titular de la Sagarpa, quien celebra en cambio puros casos exitosos: "nos convertimos en el principal abastecedor de frutas y verduras de EU".
Poniendo énfasis en que tales sectores "son de los más intensivos en uso de mano de obra que da empleos a muchas familias en el campo".
No obstante la visión oficial impregnada de confianza en la capacidad de los productores mexicanos para salir airosos en el marco de la desgravación arancelaria total de productos como maíz y frijol, el descontento rural aumenta y se abre paso la demanda de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN.
El Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, planteó incluso la existencia de un "consenso" entre los mandatarios estatales de distintos partidos para "que se revise" éste, lo cual difícilmente podría darse en los hechos, advirtiendo que con la liberalización del comercio de granos en medio de un panorama incierto del mercado, podría "producirse una ola de protestas e inestabilidad social" dada la situación en sumo grado adversa que enfrentan los pequeños productores mexicanos ante los agricultores estadounidenses y canadienses, beneficiarios de los más altos subsidios agrícolas del orbe.
Cárdenas Batel advierte que algo "igual o peor" podría ocurrir cuando empresas estadounidenses importen maíz mexicano sin control, ya sea para producir etanol o uso pecuario, lo cual atentaría contra la soberanía alimentaria de México, concepto que la globalización neoliberal ha puesto en desuso.
Buscando quizá posicionarse con la mira puesta en la residencia oficial de Los Pinos, que su abuelo el general Lázaro Cárdenas inauguró como donante y primer presidente sexenal, Cárdenas Batel insiste en que "no se trata de algunos productos más; no son calzado o textiles chinos, sino los granos, con profunda raíz histórica y cultural, que constituyen la base alimentaria del pueblo de México".
Así las cosas, el Gobernador de Michoacán instó a adoptar medidas de "protección que impidan una crisis social mayor", ante la "probable especulación o franca escasez del grano que pudiera reorientarse a satisfacer el abasto de materia prima en la producción de biocombustibles".
Cientos de organizaciones campesinas se aprestan a elevar por todo el país el tono de sus protestas. El primer minuto del 1 de enero de 2008, un centenar de representantes de diferentes organizaciones del campo bloquearon tres de los cuatro carriles del puente Córdova-Las Américas, que une a las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y el Paso, y suscribieron el llamado Pacto del Chamizal, donde advierten que la creciente importación de alimentos en el marco del TLCAN constituye "una contra revolución social y agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales los vasos recursos que en 1910 y a lo largo del Siglo 20 recuperaron campesinos e indígenas".
Sin embargo la inversión extranjera y nativa se ha canalizado en su mayor parte, hasta ahora, hacia la agroindustria, no a la producción directamente.
En su llamado a la nación, los firmantes del Plan del Chamizal, el cual pretende, "guardando proporción histórica" ser una reminiscencia del Plan de Ayala, denuncian "la deportación masiva de la población rural hacia ciudades y regiones agrícolas modernas de México y hacia EU para sostener la competitividad y las altas tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador, y sostener la desfalleciente economía estadounidense con fuerza de trabajo abundante e ilegalizada".
Dado el descontento social, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se propuso en principio, con base en una mayoría PRI-PRD, aprobar un exhorto al Presidente Felipe Calderón para que plantee de "manera urgente" la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN ante Washington y Ottawa. Sin embargo, un acuerdo de "último momento" entre PAN, PRI y PRD, limitó todo a un llamado para que el Gobierno calderonista instale una mesa de diálogo con organizaciones campesinas.
Sin embargo, el horno no está para grillas.

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