"Dichos rumores obligaron a Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas como Presidente, a anunciar formalmente al principio de su sexenio que él no haría uso de la partida secreta, porque lo consideraba innecesario"

Gilberto Yáñez

Desde hace muchas décadas, pero especialmente desde el sexenio presidencial de Carlos Salinas, se han difundido en los medios de comunicación rumores acerca del mal uso de la partida secreta que nuestra Constitución establece para que el Presidente de la República pueda realizar algunos gastos especiales que deben permanecer sin información al público.
Dichos rumores obligaron a Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas como Presidente, a anunciar formalmente al principio de su sexenio que él no haría uso de la partida secreta, porque lo consideraba innecesario y sobre todo, porque hacía presumir corrupción. A partir de la pérdida de la mayoría por el PRI en la Cámara de Diputados en 1997, la participación mayoritaria de diputados de partidos de oposición pudo impedir las partidas secretas, pero por ignorancia del Derecho Constitucional, cada año los diputados aprobaron lo que no deberían aprobar, porque no se les proporcionaba información por la Secretaría de Hacienda, encargada de elaborar el Presupuesto Anual de Egresos que el Presidente de la República debe enviar a la Cámara de Diputados antes del día 9 de septiembre de cada año.
La aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Senado no participa.
Nuestra Constitución establece la partida secreta como parte del Presupuesto de Egresos, en su artículo 74, fracción IV, relativo a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que ordena: "No habrá otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República".
La lectura del precepto nos informa claramente que todo lo negativo que se dice en México, respecto de la libre disposición de fondos por el Presidente por medio de las partidas secretas, es cierto. Simple y sencillamente, el uso de las partidas secretas por parte del Presidente ha sido una forma de corrupción, porque nunca se han cumplido los requisitos que se desprenden del texto constitucional: en primer lugar, la interpretación lógica elemental del texto nos indica que la calidad de secreta de dicha partida se refiere únicamente a no divulgar al público el destino del dinero, pero no a su monto, el cual debe formar parte del Presupuesto, ser discutido reservadamente por la Cámara de Diputados y una vez aprobado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin indicar su destino. Lo secreto de la partida secreta se refiere al público, no a los diputados que deben decidir si aprueban o no esa partida presupuestaria.
Para que los diputados puedan decidir si es necesaria una partida secreta en el Presupuesto, es indispensable conocer el destino del dinero cuyo gasto se autoriza en dicha partida.
El precepto constitucional antes transcrito obliga a los diputados a hacer un juicio de valor para decidir si es o no necesario que exista una partida secreta en el Presupuesto y para decidir es indispensable conocer el monto y destino del gasto secreto que el Presidente pretende realizar sin conocimiento de los ciudadanos contribuyentes.
El secreto de la partida no puede aplicarse a los diputados que tienen la facultad constitucional de decidir si es necesario o no que exista el gasto secreto que se pretende incluir en el Presupuesto.
En segundo lugar, es facultad de la Cámara de Diputados decidir cada año si aprueba una partida secreta, no aprobar necesariamente la que solicite el Presidente y en todo caso, deberá ser apropiada a las necesidades del país y a sus circunstancias de pobreza y escasez de dinero fiscal, por lo que el monto de dicha partida debe ser, por principio, modesto. México no tiene conflictos con ningún país que justifiquen una partida secreta en el Presupuesto.
El Presidente de la República no puede justificar en tiempo de paz y de pobreza extrema de una tercera parte de los mexicanos, una partida secreta cuyo monto sea indignante o afrentoso para los ciudadanos desempleados o subempleados del país. Las partidas secretas han sido un robo que el Presidente hacía al erario cada año, por la complicidad de sus diputados del PRI que le otorgaban su aprobación.
Durante la larga era del PRI, los diputados de ese partido político recurrían al engaño para aprobar las partidas secretas que les ordenaba el Presidente de la República en turno. En el Presupuesto de Egresos incluían un artículo en el cual se indicaba: "Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, sólo serán las comprendidas en el concepto 7300 del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas". En el Presupuesto para el año 1997, a pesar de lo anunciado por el Presidente Zedillo, la partida secreta escondida en la forma antes indicada, fue de casi 39 mil millones de pesos, que ya eran nuevos pesos, aunque ello no significa que todo ese dinero fuera destinado a uso ilegal.
En el Presupuesto para el año 1998, escondieron la partida secreta en la partida general antes indicada, por un monto de más de 10 mil millones de pesos.
A partir del Presupuesto para el año 2001, la Secretaría de Hacienda del Presidente Fox envió su primer Presupuesto de Egresos sin incluir ninguna partida secreta y hasta el presente año, se ha mantenido esa práctica, que sin duda representa un gran adelanto en la supervisión y control del gasto público por la Cámara de Diputados.
También es importante aclarar que conforme al texto constitucional, la denominada partida secreta nunca fue autorizada por nuestra Constitución como una partida cuyo destino no podía ser conocido por los diputados que cada año aprobaban lo que le Presidente les ordenaba que aprobaran.
La Constitución claramente otorga y siempre ha otorgado a los diputados la facultad de decidir si las partidas secretas solicitadas por el Presidente eran o no necesarias, lo cual claramente implicaba la facultad de negarlas si se consideraba que no se justificaban, aunque ningún diputado del PRI, en su sano juicio, hubiera negado su voto aprobatorio a cualquier cosa ordenada por el Presidente en turno.
También es cierto que entre 1917 y 2000, cada año los diputados aprobaron la existencia de partidas secretas para uso discrecional del Presidente de la República, lo cual seguramente implicaba una gran oportunidad de corrupción presidencial, sobre todo porque los diputados aprobaban la partida secreta sin que se les informara el destino del dinero, porque los dirigentes el PRI estimaban que la labor de los diputados federales del PRI era simplemente aprobar lo que se les ordenara por el mismo partido.
Algo hemos adelantado a partir de 2001. Cuando menos en este tema la alternancia en el poder ha traído algo bueno: un mejor control del gasto público y reducción de la corrupción.