"ebido a la exacerbación de la violencia en nuestra patria, y principalmente en algunas localidades como en nuestra ciudad, nuevamente está de moda el eterno tema de la pena de muerte, para que la ejerzan las autoridades en nombre de la justicia"

David Martín Barajas

La pena de muerte 

Debido a la exacerbación de la violencia en nuestra patria, y principalmente en algunas localidades como en nuestra ciudad, nuevamente está de moda el eterno tema de la pena de muerte, para que la ejerzan las autoridades en nombre de la justicia. Esta acción penal ya está referida desde la Ley de Talión del Código de Hammurabi, en Mesopotamia en el Siglo 17 a.C.
Se han escrito muchas opiniones, sin embargo, ¿por qué no hacer una encuesta en la que opinen sólo los familiares que hayan sufrido en carne propia por esos delitos de secuestro y asesinato de sus seres queridos? Probablemente sólo así tendríamos una idea más certera de lo que se siente y de cómo castigar a los asesinos. Lo demás, sólo es palabrería, como se diría: "¡sólo de oídas!", jamás por haberlo sufrido en carne propia.
Por ejemplo: Es increíble que grupos organizados que pregonan amor al prójimo, y que su historia está saturada de asesinatos argumentando faltas a su verdad, estén a favor de la pena de muerte por homosexualismo y no aceptan la pena de muerte para los asesinos. Como siempre, solo veneran su egoísmo.
Para qué tanta palabrería y exhibicionismo, si en México, hasta ahora es imposible aplicar la pena de muerte porque en las autoridades que imparten la justicia predomina la corrupción, entonces, como lo demuestra nuestra historia, y sólo se aplicaría a los asesinos menesterosos.
En lugar de tanto inútil debate, ¿por qué no se legisla para aplicar en Sinaloa La Ley de Extinción de Dominio, ya aprobada en el DF, que consiste en la incautación de bienes y productos de ilícitos de la delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo y trata de personas? Se efectúa con trámite expedito para evitar deterioros en los artículos o bienes incautados. Inclusive tiene incentivos económicos para los ciudadanos que denuncien, que va del 2 al 5 por ciento de lo que las autoridades obtengan con la venta de esos bienes. En Colombia existe esa ley desde 1996.

guillermo.washington@gmail.com