"El 15 de septiembre se consumaron dos atentados narcoterroristas en Morelia"

NOROESTE / REDACCIÓN / SHEILA ARIAS

Las cifras no mienten. Entre el 21 de agosto, día en que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y el 26 de noviembre, fueron ejecutadas 2 mil 429 personas, esto es, 840 más que las mil 589 que fueron asesinadas entre abril, mayo, junio y julio de este año.
Pero no sólo se trata de una cuestión cuantitativa, que de por sí es alarmante, sino también cualitativa.
El 15 de septiembre se consumaron dos atentados narcoterroristas en Morelia. Hace apenas unas semanas un niño, secuestrado de cinco años, fue asesinado con una inyección letal.
La ola de violencia y ejecuciones en Chihuahua se ha vuelto incontenible. Las decapitaciones se multiplican a lo largo y ancho de toda la República.
Las ejecuciones masivas ocurren lo mismo en el estado de México que en el norte del país. A cien días de la firma del Acuerdo, las cosas lejos de mejorar han empeorado.
Por si todo lo anterior fuera poco, la Operación Limpieza de la Procuraduría General de la República arroja resultados terribles. La Policía Federal Preventiva era la joya de la corona de los cuerpos policíacos.
Se trata sin duda de los policías mejor capacitados, mejor seleccionados y mejor pagados, si bien los sueldos dejan aún mucho que desear. De todos los proyectos y estrategias que se han seguido en los últimos diez años, la creación y operación de la Federal Preventiva era el logro más visible y exitoso.
Era el espejo dónde deberían reflejarse, a imagen y semejanza, algún día las policías estatales y municipales. Sin embargo, la Operación Limpieza ha detectado que los altos mandos se habían corrompido y estaban al servicio de los narcotraficantes.
El aeropuerto de la Ciudad de México, vigilado por elementos federales, funcionaba como una frontera libre para la introducción de drogas.
Nada de esto es nuevo. Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se detuvo al general Gutiérrez Rebollo. Su hoja de servicios parecía intachable a propios y extraños.
En Estados Unidos y aquí, tenía fama de incorruptible. El desenlace fue lamentable. El responsable número Uno del combate al narcotráfico trabajaba para el Señor de los Cielos.
A casi once años de distancia, la historia parece repetirse con otros personajes. Noe Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ha sido acusado de recibir pagos mensuales de 450 mil dólares por el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
En una situación parecida se encuentra Ricardo Gutiérrez Vargas director de Interpol México. Si ambas acusaciones se prueban, habrá varias reflexiones que formular:
1) el poder de corrupción del narcotráfico es prácticamente ilimitado: 450 mil dólares mensuales es un mundo de dinero difícil de rechazar; 2) si esto ocurre con funcionarios federales, ¿qué pasará en el Ejército y la Marina?
La guerra contra el narcotráfico se ha revelado mucho más complicada, dura y cruenta de lo que se suponía. El propio Felipe Calderón lo ha reconocido utilizando una metáfora: no me di cuenta que se trataba de un cáncer avanzado hasta que intervine quirúrgicamente al paciente. Sin embargo, la metáfora debe llevarse más lejos. Una operación puede salvar a un paciente, pero también puede desencadenar una metástasis.
Todo depende de lo bien que se haga y de la naturaleza del tumor a extirpar. En el caso que nos ocupa, hay evidencias que prueban que el cuadro está muy complicado.
Señalo la primera y más preocupante: no está claro si el Estado mexicano cuenta con los recursos y los instrumentos suficientes para derrotar al crimen organizado.
Hace diez años, el presidente Zedillo convocó a una Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Delincuencia. Entre los puntos que contenía había tres sobresalientes:
1) organizar la cooperación y coordinación de los policías federales, estatales y municipales.
2) depurar los cuerpos policíacos y,
3) crear un sistema nacional de información con datos de todas las corporaciones.
A la fecha, más de diez años después, porque el entonces Presidente convocó a la cruzada el 26 de agosto de 1998, no se ha alcanzado ninguno de esos objetivos.
Las razones son varias. Vicente Fox, por una parte, no los adoptó como suyos. Y por la otra, los gobernadores fueron renuentes a cooperar con la federación en esa materia.
Por eso la iniciativa que envió Felipe Calderón al Congreso retoma esos puntos y plantea otros adicionales.
Los priistas, por su parte, señalan que el Presidente Zedillo cometió un error al no haber establecido como obligatoria, la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno.
Eso es lo que hay que hacer con esta nueva ley, dicen, y de esa manera se podrá avanzar en la homologación y profesionalización de los cuerpos policíacos.
Para ello proponen crear un Consejo Nacional de Seguridad en el que participarían todos los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el propio presidente de la República, que debería presidirlo.
Antes de examinar la viabilidad de la propuesta, hay que subrayar dos puntos: primero, no se puede ganar la guerra contra la delincuencia organizada sin cuerpos policíacos profesionales y eficientes. Segundo, urge sacar al Ejército y la Marina de la primera línea de fuego porque se corren riesgos de toda clase, incluida la corrupción de los altos mandos.
Ambos objetivos dependen de que se forme o una policía nacional única o se homologuen las miles de corporaciones policíacas, algunas estimaciones señalan más de 5 mil que existen en el país.
La Policía nacional Única, es inviable por razones políticas. No hay consenso al respecto. Lamentablemente la segunda opción también es inviable.
Las razones son prácticas y de sentido común. Por sí solas las leyes no solucionan nada. Un Consejo de Seguridad con 32 jefes de entidades estatales no sería funcional.
Pero lo peor sería que esos gobernadores deberían, a su vez, reeditar en sus estados el esquema agrupando a los presidentes municipales en un consejo de seguridad estatal.
Lo absurdo del modelo se puede sintetizar en dos datos: Oaxaca tiene 570 municipios y Jalisco 123. En ambos casos, el Consejo de Seguridad terminaría funcionando más como un congreso que como un consejo.
En suma, a diez años de la Cruzada contra el Crimen, convocada por Ernesto Zedillo, el Estado mexicano ha sido incapaz de organizar y formar policías profesionales y, lo más grave, no cuenta siquiera con una estrategia efectiva para alcanzar ese objetivo en el mediano y largo plazo.
Amén de que el poder de corrupción de los narcotraficantes se ha revelado, para fines prácticos, infinito. Así que peor, imposible.