"El bloqueo empezó a la nueve de la mañana y terminó tres horas después"
Gilberto Yáñez
El pasado sábado un numeroso grupo de personas que se dijeron afectados por el incumplimiento de obligaciones asumidas por el gobierno estatal de Sinaloa, en relación con las indemnizaciones a los propietarios de terrenos de los pueblos expropiados por la construcción de la presa "Picachos", en el municipio de Mazatlán, bloquearon la carretera internacional entre Mazatlán y Villa Unión -20 kilómetros- lo que significa afectar a todos los viajeros que salían o llegaban al puerto por razones de negocio o de placer. También causaron un grave problema a los viajeros que llegaron al aeropuerto de Mazatlán y sobre todo también a quienes pensaban que podrían salir de viaje por vía aérea. El bloqueo empezó a la nueve de la mañana y terminó tres horas después. No es la primera vez que este grupo impide el paso por la carretera internacional.
Más de 2,500 personas que pretendían salir de viaje en autobús hacia el Sur de Mazatlán quedaron detenidos en las terminales, según el reportaje de Noroeste publicado el pasado lunes. Pero lo más grave es que los viajeros por vía aérea perdieron sus vuelos y los que llegaron permanecieron en la carretera durante todo el tiempo de la ilegal manifestación. Todo muy positivo para el turismo del puerto.
Noroeste explicó en su oportuno reportaje las consecuencias negativas del bloqueo ilegal de los cuatro carriles de la carretera federal. Nadie protestó. Los hoteleros están muy preocupados por la ausencia de turistas -normal en esta época del año- y seguramente por ello no protestaron, aunque tal vez ya se cansaron de quejarse y de ser testigos del incumplimiento de las obligaciones de las autoridades estatales y federales, en este caso, de la Policía Federal de Caminos -ahora con un nombre risible- y de la Policía Federal Preventiva, de los cuales hay personal y varios vehículos en Mazatlán, pero por supuesto, no se molestaron en tratar de impedir la ilegalidad del bloqueo. No veo, no oigo, no hablo. No pasa nada.
Los noticiarios de televisión nos han informado en las últimas semanas sobre las protestas de miles de manifestantes en Madrid, París, Atenas, Nueva York, Santiago de Chile y otras ciudades. Mientras los manifestantes caminan por las calles sin afectar la circulación de las calles aledañas a las plazas en las que se realiza la protesta, las autoridades no lo impiden. En el momento en que alguna persona arroja una piedra hacia los comercios o los manifestantes pretenden permanecer en la calle o plaza para impedir el paso de los vehículos y personas, la policía los desaloja de inmediato, aún a la fuerza.
En los países civilizados las protestas y demostraciones de inconformidad son respetadas, mientras no afecten los bienes y derechos de terceros, en la misma forma como lo establece nuestra Constitución. La diferencia es que en México esa norma obligatoria y esencial para hacer respetar el orden público no se cumple y las autoridades municipales, estatales y federales permiten todo tipo de abusos, como el bloqueo de una carretera y todos los problemas que ello causa a miles de personas.
El reciente bloqueo evidentemente fue planeado para perjudicar a la mayor cantidad de gente posible. El tramo bloqueado de la carretera tiene mucho tránsito local porque es la única vía al Sur que comunica con el resto del municipio y con decenas de pueblos cuyos comerciantes viajan al puerto para vender y comprar sus mercancías. La Policía Federal de Caminos se limitó a enviar a varios vehículos patrulla para impedir que los viajeros atrapados e indignados recurrieran a la violencia, pero nada hicieron para impedir el bloqueo o para obligar a los manifestantes a permitir el paso por uno de los cuatro carriles de la carretera. Los cuatro fueron bloqueados y los policías nada hicieron, lo cual causó más indignación a los viajeros afectados.
En toda la zona sur de Sinaloa hubo miles de personas dañadas por el bloqueo que por supuesto, culparon a las autoridades municipales, estatales y federales por igual, porque entre todas pudieron haber reducido los problemas causados, especialmente al turismo. Los viajeros de Durango a Mazatlán llegan a Villa Unión y usan esa carretera para llegar a Mazatlán. Durante tres horas no pudieron hacerlo. La mala fe de los organizadores de la protesta ilegal se vio recompensada por la reprobable pasividad de las autoridades.
Es evidente que nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno conocen el grave daño que se causa a una comunidad cuando se permite un abuso como el descrito ahora. El "estado de derecho" que tanto pregonan no existe en Sinaloa y en muchos otros estados del país, como tampoco en el Distrito Federal. Las autoridades no quieren correr el riesgo de que algún manifestante lesionado afecte sus proyectos electorales para el próximo año, con reparto de diputaciones, senadurías y nuevas oportunidades en el Poder Ejecutivo Federal. La clase política en su verdadera imagen, desligada del interés general.
Otro error más del "gobierno del cambio" en Sinaloa y en el Municipio y por supuesto, también de las autoridades federales responsables de hacer guardar el orden en las carreteras federales, en las cuales no deben permitirse las protestas que impidan la circulación de los vehículos. Para eso son las plazas y explanadas del edificio sede en Culiacán del gobierno estatal, a quien los manifestantes culparon del incumplimiento de las promesas de solución a un problema que ha durado ya casi seis años. Algunos comentaristas normalmente bien informados opinan que la causa real del problema es que ninguna autoridad expropió los terrenos de los pueblos afectados por la construcción de la presa "Picachos" y por ello los propietarios renuevan periódicamente sus exigencias de dinero, aprovechando la omisión de las autoridades de hacer las cosas conforme a la ley. Las nuevas autoridades estatales -ya tienen nueve meses en sus cargos- no han informado a los ciudadanos de las causas del problema. Otro error más.
