PEDRO GUEVARA / VERENICE PERAZA
Enrique Peña Nieto, a través de la perjudicial reforma hacendaria, ejecutó además de la imposición de impuestos para todos, un terrible centralismo, y es que el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Coordinación Fiscal, la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y eliminó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), es decir, a partir de enero de 2015, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal se encargará de la administración de nómina magisterial, y será la Tesorería de la Federación quien realizará el pago de todos y cada uno de los maestros del País.
En la actualidad, los gobiernos estatales a través del FAEB administran y pagan la estructura magisterial, que ascendería para el próximo año aproximadamente a más de 300 mil millones de pesos, recursos que, por cierto, dejarán de recibir los gobiernos estatales, y que manejará de manera centralista el Gobierno federal. Argumentando en la iniciativa presidencial que "el mecanismo propuesto hará más eficiente y transparente el pago de la nómina, al lograr que los pagos correspondan exclusivamente al personal que ocupe las plazas registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa".
Este argumento para quitarles más de 300 mil millones de pesos a los estados francamente es vergonzoso, porque resulta que esos recursos son federales, es decir, se transfieren a los estados y jamás pierden su carácter de ser federalizados, es decir, quien los fiscaliza es la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador que realiza desde el año 2008 auditorías anuales especiales a este rubro.
Y como resultado de un análisis realizado por esta institución, tenemos que en el lapso de 2000 al 2010 el Gobierno federal ejerció en Educación 2,222,757 millones de pesos y se observaron la existencia de aviadores, desvíos de recursos al sindicato sin recuperación, préstamos a empleados sin recuperación; un presupuesto muy elevado sin que esté basado en la calidad educativa, la SEP no realiza actividades de seguimiento y evaluación del recurso transferido a estados, se otorgan pagos de compromisos sindicales, como compensaciones y estímulos sin que estén autorizados por la Federación, entre otros.
Y ante estas serias observaciones, la Cámara de Diputados, ni la SEP, ni la SHCP, ni los gobiernos estatales, ni la SFP, han realizado acciones correctivas aún cuando la ASF les solicitó la realización de un estudio respecto al costo de la educación en México; mejorar la formula distributiva de estos recursos para que obedezcan a una mejor calidad educativa; no realizar pagos de nuevos estímulos, bonos y compensaciones que no autorizados por la SEP, se les pidió además, la conciliación de plantillas y plazas.
Nos damos cuenta entonces que la Federación jamás ha estado ajena a los recursos del FAEB, al igual que los estados son corresponsables de los resultados de la educación en el País, pero ambos han sido totalmente permisivos con el crecimiento de la grave problemática de este sector para ver quién se lleva los votos, o para quién operará el magisterio, sacrificando la calidad educativa.
Entonces, ¿por qué podríamos creer que al tener Enrique Peña Nieto el poder de la nómina magisterial los problemas se terminarán en consecuencia? Al contrario, al centralizarse la nómina se centralizan los problemas; no queda claro quién es el patrón para efectos laborales; la nómina, pero los estados la estructura magisterial.
¿Y por qué no sancionan a quienes ya se tiene el conocimiento de que infligieron la ley? ¿Por qué no se les da seguimiento a aquellos que cometieron faltas en base a la información de la propia Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué no aplicar mayores medidas anticorrupción, de vigilancia, de rendición de cuentas, para un problema tan grave y tan complejo para nuestro País? O creen que por centralizar la nómina estas irregularidades van a terminar o va a garantizar que el gobierno nos dará una mejor educación, cuando la nueva fórmula de distribución no está diseñada tomando en cuanto a la calidad educativa.
Por lo tanto el Gobierno federal no busca la transparencia del gasto, ni mejorar la calidad educativa, lo que pretende es centralizar la toma de decisiones, controlar este sector magisterial a través del pago de su nómina, como en su momento lo controló Elba Esther Gordillo a través del sindicato, considerada en su momento como la líder sindical más poderosa de América Latina.
Ahora Enrique Peña será quien controle todo el magisterio a través de la nómina, y de continuar con las centralizaciones de poder, estaremos retrocediendo a los peores momentos del País, cuando el PRI gobernó este País como si fuese una dictadura perfecta...
